COMPROMETEN UNOS $15 MIL MILLONES

Manuel Dammert explica que bienes del Estado irán a manos de las transnacionales por decretos de urgencia inconstitucionales. Mario Huamán convocó Asamblea Nacional de la CGTP para acordar acciones de lucha.

Los decretos de urgencia 001 y 002 deben ser anulados, ya que además de ser inconstitucionales y de rematar la infraestructura estatal que aún queda, sus alcances comprometen 15 mil millones de dólares en propiedades y terrenos estatales que serán subvaluados para su entrega a los inversionistas transnacionales, afirmó el experto Manuel Dammert, candidato de Gana Perú al Congreso. Dammert advirtió que el gobierno creó, a través de los decretos, un régimen especial "absolutamente corrupto" de adjudicación y contratación, que compromete al menos 15 mil millones de dólares del Estado a favor de un grupo de consorcios amigos de Alan García, como Repsol y otros de origen Chileno, por ejemplo.

Señaló cuatro grandes bloques que fundamentan la necesidad de que los decretos sean anulados: el primero está referido al objeto y materia de los decretos de urgencia, es decir, el sustento legal del régimen especial corrupto.

Al respecto, señaló que esos dispositivos no cumplen con los criterios de legalidad establecidos por el Tribunal Constitucional, al no referirse a materias económicas y financieras, como tampoco cumplen con el requisito de ser medidas extraordinarias. Además, no se fundamenta el carácter excepcional y urgente para la economía nacional.

Dammert dijo que el segundo bloque está referido a la creación de un régimen especial de adjudicación y contrataciones para los 33 proyectos de infraestructura, paralelo a la legislación vigente, lo que implica la reducción de los requisitos de aprobación de los proyectos de inversión a simples estudios de prefactibilidad; la eliminación de la certificación ambiental como requisito previo para las autorizaciones administrativas de carácter sectorial. Igualmente, se cancela la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades afectadas, establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Detalló que el tercer bloque de objeciones se centra en lo que llamó el desfalco al Estado, que causarán estos dos decretos de urgencia, calculados en 15 mil millones de dólares.

En este aspecto, se encuentra la subvaluación de activos y bienes públicos, al transferir a título gratuito los terrenos y/o edificaciones del Estado.

Y vulnera las propiedades de los ciudadanos, las empresas públicas e, incluso, los bienes de dominio público, al establecer que el Estado imponga la servidumbre forzosa en forma arbitraria y sin justificación legal, afectando a los titulares de los bienes afectados. También se establece un amplio cofinanciamiento que aportará el Estado, el mismo que por la envergadura de las infraestructuras estratégicas comprometidas, por espacio de 40 años.

Dammert manifestó que en el cuarto y último bloque de cuestionamientos se denuncia el establecimiento de proyectos que afectan la soberanía, a fin de beneficiar negocios privados corruptos. Así, se pretende ratificar la ilegal exportación del gas de Camisea, que desabastece al país de energía, mediante la oferta de trazos improvisados de redes de gasoductos y el poliducto de GLP a Lima, pretendiendo consagrar la continuidad de la exportación del 47% de la reserva de gas; y la inclusión de proyectos imprecisos como los de nuevas centrales hidroeléctricas y el nodo energético sur.

LAS 15 RAZONES DE NULIDAD DE LAS NORMAS DE ALAN

1.       Incumplen los criterios de legalidad establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 10 de noviembre del 2009.

2.       Incumplen el requisito establecido por el Tribunal Constitucional respecto a su carácter de medidas extraordinarias, pues sus supuestos beneficios no surgen en gran medida del contenido mismo del decreto, sino están referidos en su gran mayoría a acciones diferidas en el tiempo.

3.       Los considerandos no se fundamentan en alguna situación que constituya un peligro extraordinario, excepcional y urgente para la economía nacional o las finanzas públicas, debido a que están referidos a condiciones administrativas.

4.       Reducen los requisitos de aprobación de los proyectos de inversión a simples estudios de prefactibilidad, anulando la obligatoriedad de los estudios de factibilidad.

5.       Eliminan la certificación ambiental como requisito previo para las autorizaciones administrativas de carácter sectorial.

6.       Anulan la obligatoriedad de la consulta previa afectando el cumplimiento del mandato de la consulta a los pueblos indígenas establecido por la OIT.

7.       Subvalúan activos y bienes públicos al transferir a título gratuito los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo los que pertenecen a las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta.

8.       Sin autorización invaden las competencias y normas de las entidades del Estado obligando a que los funcionarios de los mismos realicen actos contrarios a sus funciones.

9.       Vulneran las propiedades de los ciudadanos, de las empresas públicas e incluso los bienes de dominio público.

10.   Establecen un amplio cofinanciamiento que aportará el Estado, el que por la envergadura de las infraestructuras estratégicas comprometidas será cuantioso.

11.   Anulan el control público sobre los 33 proyectos de infraestructura estratégica.

12.   Pretenden ratificar la ilegal exportación del gas de Camisea y el creciente desabastecimiento de energía ante los requerimientos del país.

13.   Los decretos pretenden acelerar la instalación del control del monopolio naviero portuario Chileno sobre la infraestructura estratégica de transporte intermodal.

14.   Buscan posición de dominio para el grupo Repsol sobre la industria nacional del petróleo y el gas.

15.   Los decretos autorizan en forma improvisada y a futuro la entrega por tramos de las diversas carreteras del país, reemplazando con negociados lo que debería ser la realización de un Plan Nacional de Transporte Intermodal.

CAMISEA, URGE RECUPERACIÓN SOBERANA

En relación a Camisea, el Gobierno se ha visto obligado a retroceder ante la exigencia patriótica de la ciudadanía y la evidencia del desabastecimiento mientras se compromete para exportación el 47 % de las reservas probadas. Es urgente recuperar el total del gas de los lotes 88 y 56, 47 % del cual está secuestrado para la exportación. El dialogo en la provincia cusqueña de La Convención ha sido expresión de una masiva conciencia ciudadana nacional, que ha conquistado como agenda prioritaria la soberanía energética.

En el tema de Camisea, el país ha entrado a un momento clave, tras la inmensa exigencia patriótica ciudadana, expresada en la huelga indefinida de la Convención, el anuncio de paro en el macro sur, los lavados de banderas en ascenso, el enjuiciamiento vía Habeas Data solicitando judicialmente documentos de irregularidades, etc.

El mismo Gobierno que dijo el 2009 que existía delito en los trámites para exportar el gas de Camisea, y luego el 2010 se transforma en adalid de la exportación, es el que ahora dice lo que no cree. Hace poco instalo una “renegociación”  con el monopolio exportador (Repsol-Hunt) reducida a las regalías, rechazando airadamente cualquier otro tema pues supuestamente “ahuyentaba la inversión”. El Gobierno se ha visto obligado a iniciar la “renegociación”,  abierta a regañadientes, solo para escuálidas  regalias, y ahora se ve obligado a plantear e incluir el asunto que el gas del lote 88 de Camisea sea solo para el mercado interno.

Los acontecimientos son ilustrativos. El Premier Velásquez Quesquén impidió atender las demandas inmediatas de la huelga de La Convención; a los 12 días se vio obligado a ir a dialogar, y en medio de tensa reunión oferto difusos anuncios sobre las demandas inmediatas pero rechazándolas “técnicamente”, todo ello bajo el argumento que no se podía cambiar el contrato del lote 88 secuestrado para la exportación.  Incluso, oferto que se vendería el GLP en el cusco al mismo precio que en Lima.

Pero tras más de cuatro años de exigencia  patriótica ciudadana, que es  mayoría nacional, se ha posicionado como requisito central y básico recuperar para el Perú el Gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, secuestrado para exportación. Ante esta mayoría patriótica, que se expresaba en Quillabamba, el  Premier tuvo que aceptar atropelladamente lo que días antes y en esa misma reunión negaban  pública y airadamente sus ministros y el mismo.

Decían antes que la Planta en Quillabamba era una obra no rentable, pero aceptaron que se hará y con inversión compartida. Instalación a la que en su confusión denomino de “fraccionamiento”  (separar gas de líquidos) y en otro momento de licuefacción (transformar el gas a líquidos). Hizo así uso de la licencia de soltar palabras que días después con un Decreto supremo recién se entenderá a que se refieren. Defendían ese mismo día, con mapas, acompañados de frases gruesas y burlonas, el pase de nuevo gasoducto por la reserva de Megantoni, poniendo como ejemplo el túnel bajo Machupicchu,  para ofertar luego que “no se pasara” por ella, sin negar el túnel, y colocando como espectadores exterrnos a dos técnicos cusqueños. Repitieron el anuncio del gobierno que en Enero 2011 se iniciaría la construcción del gasoducto macrosur, del cual será un ramal el ducto a Quillabamba, sin que Petrobras se haya pronunciado, sino  mas bien ha abierto un nuevo pozo exploratorio alargando las fechas de anuncios de reservas probadas, haciendo del ramal a Quillabamba el derivado de una difusa promesa gubernamental.

Tantas palabras no precisas y ofertas ambiguas, dejaron una inquietud muy grande en el país y especialmente en Cusco. Asomaba otra vez como una maniobra distractiva, dicha  para dejar ofertas vacías de un Gabinete que en pocos días renunciara, las que se derivaran al próximo gobierno, al cual recién pedirle cuentas. Ante esta desconfianza generalizada, Velásquez Quesquén  tuvo que hacer entonces un nuevo giro. Ya en Lima, anuncio que el gobierno llevará a la “renegociación” que el gas del lote 88 sea solo para el Perú debiéndose, por tanto, modificar los contratos para este objetivo. No está claro si sigue en las confusiones de confundir fraccionamiento con licuefacción, o sortear el megantoni al pasar encima o por túnel.  Lo que es indudable, es que esa declaración, dada en la radio al paso, es otra cosa.

El tema tiene varias aristas impostergables, todas relacionadas con la soberanía del Perú y el gas como recurso natural. No se puede recuperar el gas del lote 88 sin restablecer el horizonte permanente de 20 años para abastecimiento, y sin anular la ilegal adenda impuesta por Toledo-PPK y la ilegal autorización de uso para exportación del gasoducto del mercado interno, aprobada por García. Tampoco se puede tratar, sin reformular el contrato de venta del gas por 15 años con la Comisión Federal de electricidad con México, pues recién se iniciara el 2012 la planta de Manzanillo y que Repsol ya lo transporta a su antojo desde el 2010 a otros mercados. Será indispensable tratar  que los impuestos se fijen no defraudando al fisco a partir del precio “a boca de pozo”, sino del precio de venta final. Deberá reconocerse el real costo de operación en la exportación de líquidos asociados al gas, que es US$ 2 por BI y no los US$ 6 adulterados para reducir pagos al fisco, y que le han permitiendo recuperar en tres años su inversión y obtener US$ 3 mil millones de utilidades adicionales.  No podrá resolverse estos temas del lote 88 sin tratar la ilegal adjudicación del lote 56, que también revirtió la Shell gratis al Perú. 

El Gobierno ha retrocedido y no tiene rumbo, estando a puertas del cambio de Gabinete. La ciudadanía continúa la activa movilización para una renegociación con soberanía. En Cusco, se han dado plazo de 30 días para evaluar los acuerdos y su implementación integral. En el macro sur el sábado 14 se reúnen en Tacna las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos.  El Foro Soberanía Energética presentara el 20 de Agosto el recurso constitucional de Habeas Data al poder judicial para que el gobierno entregue los documentos que evidencian irregularidades denunciadas en la exportación del gas de camisea. Se organiza la IX Sesión del Foro Soberanía Energética en Audiencia Pública a fin de Agosto, para tratar la política de Estado sobre Soberanía Energética y el Gas de Camisea. Es la hora de la ciudadanía, es la hora del Perú.

El Gas de Camisea requiere política soberana de Estado

El país exige que el gas de Camisea se destine al mercado interno, y no subsidie a la exportación, monopolizada por Repsol-Hunt. Esta es una convicción que se ha hecho sentido común mayoritario. Se manifiesta de muy diversas maneras, en foros, lavados de banderas, paros, huelgas indefinidas, protestas políticas, marchas relámpagos, propuestas de políticas pública y técnicas,  ensayos escolares, símbolos culturales, y hasta en ironías. La Provincia de la Convención desarrolla importante huelga y los próximos días se alistan nuevas y más amplias medidas de movilización y propuestas. 

No es un tema que pueda ser escondido. El Gobierno ha  iniciado la exportación del Gas de Camisea el 25 de junio del 2010, y ha programado 6 embarques más este año. Al mismo tiempo, el 5 de agosto instalará las sesiones para una “renegociación” sin soberanía, reducida a regalías promedio, mientras crece el desabastecimiento, se hace evidente el perjuicio a la nación, y oficialmente se anuncia que debe exportarse el gas a donde esté más alto el precio de mercado, es decir, a Chile y Argentina.   

Como una acción más del amplio movimiento ciudadano, el Foro Soberanía Energética y la CGTP han enviado al Gobierno una Carta Notarial, suscrita por Manuel Dammert Ego Aguirre y Mario Huamán Rivera. La Carta Notarial reitera y precisa la documentación que el Gobierno debe entregar, en la que existen serios indicios de graves irregularidades. Son 14 los temas respecto a los cuales se indica los documentos solicitados y las posibles irregularidades que se estarían cometiendo y/o ocultando para que continué la ilegal exportación de nuestra reserva energética estratégica. Con esta carta notarial, se inicia el proceso legal de Habeas Data, sustentado en los artículos 2 y 200 de la Constitución, para que el Poder Judicial obligue al Gobierno a entregar a la ciudadanía dichos documentos, para la defensa del Gas.  

El 5 de agosto se reúne una comisión del Gobierno con Repsol-Pluspetrol, para una tramposa renegociación, en la cual el Gobierno anuncia va a llevar como política de Estado que se busque exportar donde sea más alto el precio (es decir Chile y Argentina) y se ponga en explotación  la reserva ambiental del Candamo.  

La situación es totalmente diferente, pues existe favorable opción para una política de Estado basada en la soberanía, cuyo punto de partida es que el gas de los lotes 88 y 56 se destine exclusivamente para el mercado nacional. Repsol  tiene graves problemas empresariales, incrementados con el alza del precio del petróleo y la baja del gas. En Ecuador, Correa acaba de promulgar la ley que cambia los contratos petroleros para que sean de Servicios, con lo cual recupera el Estado la soberanía sobre ellos, y pagará una retribución a las 22 empresas por prestar el servicio. Están renegociando los contratos hasta diciembre de este año. En Chile, Piñera se encamina a un acuerdo con Bolivia y Evo Morales, para un corredor soberano al costado de la frontera con Perú, estrategia en la que pesan mucho lo que ocurre con el reclamo marítimo peruano en La Haya y lo que pasa con la exportación del Gas de Camisea. En estas condiciones,  pretender en el Gas repetir al Virrey Abascal y pisotear la soberanía, es la peor política contra una nación que en su bicentenario independentista reclama afirmar definitivamente su soberanía.