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EL CALLAO Y LOS PUERTOS A LA
DERIVA
16 de julio de 2011
(Fuente del Prestigioso Diario La
Primera)
Desde mediados del Siglo XX, el Perú tiene
en sus puertos una de las batallas estratégicas como nación, la
que está en su fase culminante a inicios del Siglo XXI. Se trata
del posicionamiento geopolítico del Perú como país puerto en el
Pacífico sur.
Tenemos la potencialidad, para proyectar
nuestra localización estratégica marítima, al ser país
biodiverso, biooceánico, andino amazónico, pluricultural, de
recursos naturales, creciente producción diversificada, y
ancestral base civilizatoria. Podemos forjar la plataforma
logística de valor agregado de SurAmérica en su relación con el
Asia Pacífico. Esta renta estratégica de nuestra ubicación en el
Pacífico sur, solo puede ser conquistada con puertos públicos
modernos que afirmen la soberanía, pues los puertos públicos son
nexo de entrada-salida del flujo que circula en el cuerpo
heterogéneo de la nación.
A julio 2011, no obstante, a puertas del
nuevo Gobierno de Gana Perú, los resultados evidencian que el
gobierno de Alan García con su política de los años 2006-2011,
deja los puertos a la deriva, hipoteca la soberanía, se sumerge
en negocios privados que vician de nulidad sus entregas de Paita
y el Callao, y acrecienta su pretensión de liquidar Enapu y el
sistema portuario nacional.
1.
Los dilemas de la nación: Subordinación geoestratégica vs
soberanía de país-puerto
En Callao y Paita, García ha impuesto
precariamente duopolios o monopolios extranjeros, los que no
traen dinero fresco sino hacen caja, sacrificando la economía y
a los usuarios nacionales. En Callao, incluso se ha entregado
gratis infraestructura, equipos, utilidades y áreas de Enapu. La
empresa pública nacional de los Puertos Públicos, Enapu, está
colocada al borde de la quiebra al perder en el Callao el 85 %
de sus ingresos, y el MTC dice que el nuevo gobierno deberá
subsidiarla para mantenerla entre la operatividad y cierre los
10 puertos públicos en las regiones. El Gobierno saliente deja
cuentas pendientes que deberá pagar el nuevo Gobierno los
próximos años, como US$ 40 MM (millones) anuales a puertos
regionales de Enapu, y US$ 200 MM a pensionistas.
La empresa DPW, concesionaria del muelle
sur del Callao, ha presentado el 1 de Julio 2011 una solicitud
de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), contra el Estado del Perú,
aduciendo competencia desleal, afirmando que se ha subsidiado
activos públicos entregados a APM Terminals en la Concesión del
Terminal Norte del Callao. Reclama una compensación que podría
ser superior a los US$ 200 millones, y que debería desembolsar
el Estado, con el nuevo gobierno.
García canjeó la soberanía nacional por los
negocios particulares. Nos hemos quedado sin puertos
interoceánicos en el Norte (Paita está separada de
Manaos-Brasil) y en el Sur (Matarani está subordinado a Arica, e
Ilo está bloqueado, y ambos no tienen conexión con Puerto
Santos-Brasil). El megapuerto del Callao está entregado a
operadores globales extranjeros en Duopolio, perdiéndose
soberanía. La principal empresa logística portuaria-marítima,
que busca remplazar las funciones portuarias y marítimas que
hacían Enapu, la Compañía Peruana de Vapores y la marina
mercante nacional de PetroPerú, es promovida por García y
afirmada por su Gobierno. Es el grupo Chileno naviero-portuario,
a través de Von Appen, “Andino Investment Holding” (Paita,
transporte marítimo de gas y petróleo, ZAL y almacenes en
Callao, etc), y en dupla con Tramarsa (a cargo de puertos
privados y Tisur-Matarani) del Chileno Claro, al que representa
Romero. Los puertos públicos en las regiones del litoral andan
sin rumbo, y los puertos públicos fluviales de la amazonía están
abandonados.
2. La
privatización del Megapuerto del Callao
Desde el 1 de Julio 2011 se ha entregado el
Terminal Norte del Callao (7 muelles, 11 amarraderos, 120 has,
el monopolio sobre carga suelta de 9 Millones de TM anuales, el
área de la principal Zona Logística del Pacífico Sur, y el
principal muelle de contenedores), a la empresa APM Terminales,
a cambio de efectiva inversión de US$ 350 millones que empezará
a invertir recién dos años después.
APM Terminals ha pasado en un año de
ofertar para el Callao US$ 1,900 millones a la reducida suma de
US$ 350 millones efectivas. El 2008, DPW oferta invertir US$
1,300 millones en el Callao, sin pedir apoyo del Estado y
asumiendo las pensiones. Luego, APM Terminales, oferta para lo
mismo invertir US$ 1,900 millones. Por su parte, el 2010 la
Fundación Valencia Ports, en consulta con la comunidad portuaria
elabora un proyecto integral, público-privado, de US$ 3,200
millones, que es dejado de lado. Alan García el 2011 entrega
Enapu Callao, por una inversión total de US$ 760 millones de los
que son obligatorios solo US$ 350, que se iniciarán dos años
después que APM Terminals haga caja con el control total del
puerto, con las utilidades de S/ 100 millones anuales que ya
generaba Enapu, usando gratis equipos e infraestructura,
valorizados en cerca de US$ 50 millones, y pasando al Estado la
deuda de US$ 200 millones con los pensionistas y los US$ 40
millones anuales para la operatividad de los puertos públicos en
las regiones.
El 1 de Julio, entre el caos y la
improvisación del MTC-APN, y la arbitrariedad de APM Terminals,
ésta tomó posesión de Enapu-Callao. Se precipitaba para imponer
un ilegal hecho consumado al nuevo Gobierno que entra el 28 de
Julio. Al 1 de Julio, no existía plan alguno de manejo del
sistema portuario, ni en el Callao ni en los puertos públicos
regionales. APM Terminal con el MTC asaltaban el software del
funcionamiento portuario diario, que es propiedad de Enapu, y
presionaban para que se lo entreguen gratis. A los trabajadores
de Enapu se les pegaba encima de sus fotochecks los logos de la
nueva empresa y el Gobierno presionaba para que se acojan al
programa de retiro, mientras buscaba neutralizar a los
estibadores con un antiguo sistema de trabajo.
A partir del 1 de Julio 2011, Enapu reduce
sus ingresos en 85 % aproximadamente, dejando de percibir cerca
de S/. 185 MM el presente año, y para el 2012 dejara de percibir
un monto superior, no pudiendo mantener operativos los puertos
públicos a cargo de Enapu: Salaverry, Yurimaguas, Iquitos,
Pucallpa, Huacho, Supe, San Martin-Pisco, Ilo, Arica. La
reducción drástica de ingresos y saldos de Caja de Enapu la
ponen al borde de la quiebra el 2012, afectando a la
operatividad de los servicios públicos portuarios a su cargo, y
quedando en insolvencia ante sus trabajadores y pensionistas,
cuyo fondo disponible se agota en Enapu entre 2012 y 2013. El
Gobierno, el MTC y el Directorio de Enapu, no tienen plan alguno
ante este impacto, en una acción no solo irresponsable sino
ilegal con un activo público y con una deuda pública social, lo
que vicia el contrato. El 13 de Julio, el parlanchín Ministro
MTC señala que el nuevo gobierno deberá subsidiar a Enapu para
que se mantengan operativos los puertos públicos del país, y
asumir la deuda con los pensionistas.
Esta entrega tiene, además, vicios por la
subvaluación de diversos activos tangibles e intangibles de
Enapu, que son del Estado y de todos los peruanos, los que son
entregados gratuitamente, mientras se lleva a la empresa Enapu a
la quiebra. Se incluyen en este vicio de entrega gratis, entre
otros, las Grúas Pórticos, (valorizadas en más de US$ 24
millones), las inversiones de mejora en infraestructuras ( por
más de US$ 10 millones), los Sistemas IT (equipos y sistemas
tecnológicos portuarios propios, de varios millones de US$) la
cartera de clientes, las áreas de gran valor (para zonas
logísticas y otros usos) y las utilidades de una empresa en
marcha (más de S/ 100 millones anuales).
3.
Vicios y Nulidades del Modelo de Contrato de García
Se Hipoteca la soberanía portuaria,
entregando al acreedor financiero permitido, el dominio público
portuario, y la decisión final de la potestad sobre el puerto
público, sin que el Estado pueda objetarlo. Establecen un
Equilibrio Económico Financiero, que se sustenta en incremento
de precios y tarifas a los usuarios y en subsidios del Estado.
Permiten que la Sociedad Concesionaria, con solo “una parte”, no
especificada, de los fondos de financiamiento propios, pueda
iniciar las obras, pudiendo hasta 12 meses después presentar
recién su financiamiento, parte inicial que podría incluso ser
el 1 % del total. En Callao, APM Terminals tiene integración
vertical naviera-portuaria-extraportuaria. Aplica tarifas
integradas a los usuarios y se queda con las utilidades que
escamoteara al 17 % de un “Enapu”, reducido a empresa de papel
en el puerto. Además, se le entrega en monopolio directo, el
movimiento de 9 Millones de Toneladas anuales de carga suelta y
líquidos. Desde el 1 de Julio, por esto, se incrementó, en 33 %
las tarifas por el desembarque de líquidos. Estos precios de
monopolio serán una de las fuentes de sus ingresos que
esquilmarán a los usuarios nacionales. Los primeros 3 años, el
Concesionario estará haciendo caja con la empresa en marcha,
pues en ese lapso se estarán haciendo las obras del nuevo
Terminal de minerales, continuándose esos años la embarcación de
minerales necesariamente por el muelle cinco.
Han invadido en el Contrato las funciones
exclusivas de Ositran, organismo regulador, pretendiendo
desconocer funciones otorgadas por normas de rango legal a los
organismos públicos. Y han afectado las condiciones de seguridad
y defensa nacional de la Marina de Guerra en el Callao, no
resolviendo las objeciones presentadas. Se afectan los derechos
constitucionales y legales de los trabajadores de Enapu,
respecto a su empresa, a su trabajo y a la continuidad en el
trabajo.
4.
Perspectivas de Soberanía
Se ha quebrado la necesaria relación entre
la economía, la población y la nación, al entregarse los puertos
públicos reducidos a zonas de negocios privados, y cercenarse su
perspectiva geopolítica. Se han bloqueado sus potencialidades y
exigencias de los puertos públicos como nodos territoriales y
sistemas multifuncionales, de valor agregado y centros de
plataformas logísticas macro regionales.
Pero la nefasta herencia de García, no ha
podido doblegar al Perú y su vocación de país-puerto. Esta
oportunidad y desafío nacional, no la puede destruir. Sigue
siendo la base para recuperar los puertos públicos y
potenciarlos. La nación y sus espacios macroregionales, con sus
crecientes actividades productivas y plataformas logísticas,
requieren se recuperen los puertos públicos y se los modernice
competitivos. Es urgente y necesario afianzar el sistema
portuario nacional, el rol de Enapu como administrador público
portuario, y convocar la inversión privada en sus diversas
modalidades. Para esto, deben revisarse y reformularse los
contratos llenos de vicios y nulidades. Es uno de los desafíos
de la nueva etapa de cambios.
LAS 13 VERDADES DEL
PROGRAMA DE LA DINASTÍA FUJIMORI PARA IMPONER NUEVAMENTE LA
AUTOCRACIA CORRUPTA, POR MANUEL DAMMERT E.
Viernes, 13 de mayo de 2011 a las 23:30
La verdadera cara de K Fujimori y su
programa de Gobierno. Ahora que en la segunda vuelta electoral K
Fujimori, para ocultar su real cara, hace publicidad mal
copiando programas de Gana Perú y Ollanta Humala, es bueno
desnudar lo que dice su real programa de gobierno y los
objetivos de la mafia que representa. Lo que trata K Fujimori en
48 páginas de su “Programa de Gobierno”, con poco texto y varias
fotos, es el plan para el retorno al poder político del gobierno
de la mafia más corrupta y asesina de la historia del Perú. Esta
mafia está actualmente encarcelada, por los latrocinios del
Gobierno de los siameses Fujimori-Montesinos y su pandilla. Todo
el Plan, por ello, diseña el retorno al poder de la autocracia
corrupta 92-2000. El fundamento reiterado y exclusivo del
“programa” es la Constitución del 93 y el gobierno autocrático,
que tras el golpe de estado y con fraude, diseñó el Fujimorato.
Los Fujimori han co-gobernado con el Gobierno corrupto de Alan
García del 2006 a la fecha. Es la candidata de los monopolios y
los saqueadores del erario público. Esta es la verdad de 48
páginas, que propugnan restablecer e imponer a los peruanos, el
Gobierno dictatorial, corrupto y mafioso del Fujimorato, que
forma parte de la historia universal de la infamia.
1. Pisotea los derechos humanos. Se
menciona una sola vez la palabra “derechos humanos” (p. 13). No
para presentar una política pública al respecto, sino asociada a
una coacción intolerante. ¡Casi escriben que son “una cojudez”,
Cipriani dixti!
2. Oculta el narcotráfico. Para
concordar con su lista congresal, la que ha tenido la mayor
cantidad de gente vinculada al narcotráfico, al tratar que hacer
con el VRAE no señalan explícitamente rechazar al narcotráfico
que lo domina, sino a un vago “grupo armado” (p. 3).
3. Pro-corrupción. No tienen una
política anti corrupción, sino palabras vacuas y medidas
intrascendentes (págs. 21,22).
4. Continuismo antinacional. No
tienen perspectiva de nación. Por esto cuando tratan del Plan de
Desarrollo Nacional (págs. 24, 25,26) resumen una metodología de
elaboración, y no proponen un proyecto de país. Respecto a los
problemas claves de la nación, su silencio es una loa al
continuismo de lo peor de estos años, en los que el
neoliberalismo ha fabricado sobre todo pobres, mientras ha hecho
más ricos a los ricos y más vulnerable a nuestro medio ambiente.
5. Más Exportación del Gas de
camisea. El Plan de la Dinastía Fujimori, santifica la actual
matriz energética (p. 46), y con ello defiende la exportación
del gas de camisea, pretendiendo que el país siga desabastecido.
6. Defensor de privilegios de la
gran mineria. Se arrodilla ante la gran minería (p. 48),
negándose a la exigencia nacional de establecer el impuesto a la
sobreganancia. Porque es exigencia mayoritaria, se han visto
obligados a tratarlo, pero para no cumplirlo.
7. Monopolista mercantilista. Habla
vaguedades sobre Infraestructura, ofertando en el aire reducir
los costos logísticos de 32 % a 20 % (p. 39), ratificando su
real compromiso con el control que sobre nuestra limitada y
trabada infraestructura tienen los grupos monopólicos
mercantilistas, a los que no interesa articular la nación para
competir en el mundo.
8.
Crecimiento en base a mayor
precarización del empleo y la vida, aplicando nuevamente las
políticas laborales de los 90. La propuesta fundamental de su
“programa” es que el Crecimiento económico se dará en base a
“normas de excepción” (repitiendo las de la dictadura en los 90)
con mayor precarización del empleo y la vida. Manteniendo el
modelo primario exportador, proponen sin fundamento alguno
impulsar el crecimiento del PBI en 7 % anual (p. 33). Sustentan
realmente esta oferta de crecimiento en una profundización de la
flexibilidad laboral (p. 35), para bajar drásticamente los
costos laborales a las empresas, es decir, empobreciendo al
trabajo y recortando sus derechos. Anuncian “normas de
excepción” para lograrlo, repitiendo las aplicadas por la
dictadura de los 90, que impuso más de medio millón de
despedidos, el recorte drástico de los derechos básicos y los
servicios públicos, y la precarización de la vida laboral y
social. Proponen en las empresas actuales acentuar los recortes
de los derechos, y a los nuevos trabajadores crearles un régimen
laboral sin derechos. En la administración pública (p.21),
volver a los dos sistemas implantados en los 90, con una
“gerencia de calidad”, a la que ofertan dar protección jurídica
para la impunidad de sus corruptelas, y además con una masiva
“carrera pública” precaria, subempleada, condenada a la
mediocridad, sujeta al Cas y la tercerizacion. Y ahora tiene el
cuajo de hacer publicidad sobre políticas laborales mentirosas,
para ocultar la esencia de su programa de gobierno antilaboral.
9. Refuerza abusos de AFPs,
abandona a pensionistas y a mayores de 65 años. Refuerza los
abusos de las AFP (comisiones excesivas, y otras) con sus
afiliados, deja a los 1,200,000 mayores de 65 años que no recién
pensión alguna en la indigencia total.
10. Economía monopolista mafiosa,
fábrica de pobreza y corrupción. Estas nefastas propuestas
laborales, son la contraparte de impulsar que los ricos se hagan
más ricos. Buscan consagrar la fabricación neoliberal
estructural de la pobreza, acentuando la desigualdad y la
exclusión.
11. Implanta Ghetos de pobreza.
Alucinan inviables “cluster productivos” sustentados nada menos
que… ¡“en el autoconsumo”!, como si los ghetos de pobreza fueran
la demanda para su desarrollo.
12.
Neo esclavitud juvenil
disfrazada de primera chamba. Ofertan brutales programas para
que los jóvenes acepten no tener derechos laborales… para
¡“empezar a trabajar”!.(págs. 36,37).
13. Asistencialismo clientelista,
compran votos y quieren comprar conciencias. Formulan una
política asistencialista desde el Estado autocrático, con
programas parciales para mantener la pobreza con paliativos,
reduciendo los derechos de los ciudadanos para reducirlos a
clientelas controladas. Pretenden hacernos súbditos de la
dictadura corrupta que buscan restablecer.
RESPUESTA A LA LLAMADA
TELEFÓNICA PARASITARIA DE PPK, LOBBYSTA AUTOMÁTICO ANTI NACIONAL
Recibí estos días una llamada telefónica
pagada, parasitaria, automática, de PPK, que hablaba al vacío,
vendiendo un producto. Le respondo ahora en alta voz, como
candidato de Gana Perú al Congreso en Lima con el Numero 7.
Enumero sus caras del lobbysta automático, en gas, puertos y
obra pública, las que he publicado en mis libros sobre La
Republica Lobbysta, que nunca han sido desmentidas. Derroté la
querella que me formuló el 2006, formulada como capitoste de la
PCM, al absolverme el poder judicial el 2010. Reitero algunas de
las granjerías de fantasía que desnudan su proyecto real de un
territorio sin nación, paraíso de lobbystas, intermediarios
parasitarios, que anulan los derechos del trabajo, la ciudadanía
y la soberanía de la nación:
·
Regaló a dedo el gas del lote 56,
valorizado en US$ 20 mil millones, a Hunt Oil, su empresa
asesorada, (se regaló a si mismo), para que se exporte el gas de
Camisea.
·
Organizó el delito de secuestrar la
mitad del gas del lote 88, para derivarlo a exportación, dejando
al Perú desabastecido y sin su reserva energética
estratégica, más agrave aun ante la actual crisis mundial de la
energía.
·
Diseñó el proyecto de exportación
del Gas, de tal manera que se ha instalado un monopolio
extraterritorial, que tiene soberanía sobre el gas,
expropiándolo al Perú, a tal punto que lo compra a US$ 0.53 cts
MMBTU, y vende en el país a US$ 3 a 4 MMBTU, y obtiene pingües
ganancias con la venta al mercado mundial, alistándose para
hacerlo a Chile, y no entrega al Estado contratos de
exportación, facturas de venta, precios interempresas, destinos.
·
El diseño que hizo para exportación
del gas incluye se descuente ilegalmente US$ 3.6 por barril de
líquidos al falsear el costo de producción, habiendo defraudado
entre 2004 y 2010 la suma de US$ 300 millones que alcanzaran a
un total de mil millones en el periodo de concesión; y al mismo
tiempo, desabastecen el país y el balón de gas en GLP que
debería costar S/ 12 lo venden al público a 35 a 40 soles.
·
El 2001 mientras era Ministro del
MEF con Toledo e impulsaba la privatización de los puertos,
cobraba una consultoría a la empresa chilena Agunsa para su
expansión al Perú.
·
Mientras firmaba como Ministro MEF
la garantía del estado al proyecto Olmos, su boutique financiera
cobraba por asesoría financiera al grupo Odebrecht.
·
Mientras como Ministro daba recursos
públicos para la Interoceánica Sur, triplicando su costo
inicial, su boutique financiera cobraba por asesoría financiera
a los empresarios encargados de la obra.
·
Sigue siendo ciudadano
norteamericano, adalid en jirones de un imperio unipolar que se
derrumba por el ascenso de un mundo multipolar.
·
Ofrece un nuevo régimen laboral en
el cual no existan ni siquiera los recortados derechos actuales,
y se acaban gratificaciones, vacaciones, CTS, creando un anémico
seguro de desempleo, anunciando que así los empleadores
ahorrarán 14 % en el costo laboral.
Con esa mezcla de vaquero estrujado, tongo
toqueteado y financista pirata, está PPK en campaña
presidencial, como si se tratara de vender por saturación una
liendre disfrazada como gerente. Y habla de “competitividad”,
¡cuando su programa es de neo esclavitud y lobbysmo parasitario
para matar el futuro del Perú como nación! El Perú necesita más
ciudadanía, con pueblo activo, clases medias emprendedoras y
empresarios nacionales productivos e innovadores.
Manuel Dammert Ego Aguirre
Candidato al Congreso en Lima por Gana Perú
Nº 7.
EL BALÓN DE GLP A S/ 12,
Y CON 3 MILLONES DE USUARIOS DEL GAS, POR MANUEL DAMMERT EGO
AGUIRRE
Desde Enero 2011, el Gas de Camisea
abastece a un millón de usuarios. Solo que no son peruanos que
vivan en San Juan de Lurigancho, Pamplona alta, los Olivos,
Comas o el Cercado. Tampoco son pobladores del sur peruano, y
menos aún del Cusco, donde están los yacimientos. Se trata de
habitantes de Corea del Sur, a los que el Monopolio Hunt-Techint-Repsol
ha incluido en su circuito mundial de exportación de nuestro
gas, mientras impiden se use en Perú por los peruanos.
El Gobierno y el Monopolio exportador
distraen la atención con una falsa “renegociación”. Realmente la
exportación continúa acelerada, saqueando al país, con una
gigantesca megacorrupción. Solo en los costos inflados del
barril de líquidos, señalados como prueba preconstituida por la
Contraloría el 2008, está probado defraudan al Perú por un total
de US$ Mil Millones desde el 2004 y por los siguientes 30 años.
Ya existe racionamiento de gas para las
centrales térmicas, afectando el abastecimiento a las empresas
mineras del sur y el norte. La crisis mundial de la energía,
agudizada con la crisis de Egipto, Libia y otros países árabes
productores de petróleo, impulsa que el precio del petróleo suba
a más de US$ 100 barril. Todos los países protegen y cuidan sus
reservas energéticas estratégicas. Menos el Perú, que en 20 años
de neoliberalismo acrecienta exportar el gas de los lotes 88 y
56, que es la reserva principal, propiedad de todos los
peruanos.
Se exporta Gas Natural, y también se
exportan Líquidos asociados y su envase en Gas Licuado de
Petróleo (GLP). El Gas, envasado en balón de GLP, ha reemplazado
en los hogares nacionales a la leña y el kerosene. Es la fuente
de energía principal domiciliaria. Constituye el eslabón más
débil, que estalla en esta crisis. La población exige su precio
real, al ser producido en Perú y no traído desde medio oriente.
El precio del balón de GLP debe ser S/ 12 y no de S/. 30 o S/.
40, el gas más caro de la región suramericana. Reducir el precio
no requiere que aporte dinero el Estado; sino basta con
establecer la política pública soberana, rompiendo el actual
robo al pueblo por el Monopolio Exportador.
Pero no solo debe bajar drásticamente el
precio del GLP. Debe masificarse el uso del gas natural,
conectado a los domicilios. Entre el 2004 y 2010, solo existen
24 mil conexiones domiciliarias de gas. El Gobierno y Callida
proyectan llegar a 200,000 al 2015. Es una oferta grotesca para
mantener la exportación a costa del Perú. En Colombia existen
5,5 millones de usuarios, y en Bolivia tienen conexiones el 99 %
del Alto en La Paz. En Perú, con una adecuad red de ductos en
las grandes ciudades y regionales, se puede y debe tener 3
millones de usuarios en 3 años. El precio de este gas natural
conectado sería un quinto más barato que el actual de la
electricidad, es decir de S/ 9. La masificación solo es posible
si el Estado invierte, con su empresa Estatal de Hidrocarburos,
en hacer la Red de ductos para abastecer el Gas, y recupera la
inversión en 20 o 30 años. Esto es lo que han hecho Colombia y
Bolivia. El Perú está obligado a hacerlo.
Gas Barato y masivo en las casas, es una
condición básica para que los hogares tengan mejor calidad de
vida y liberen recursos para educación, salud, trabajo. Es uno
de los usos nacionales del gas, junto al transporte, la
industria y la petroquímica. Pero solo es posible si recuperamos
para el Perú el gas actualmente secuestrado de los lotes 88 y
56. Este es uno de los temas de la carta Abierta a García, y que
pese a la brutal represión, la he presentado de todos modos,
lavando la bandera por el Perú.
CARTA ABIERTA
DE MANUEL DAMMERT AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
RESPETE SR. PRESIDENTE LA SOBERANÍA NACIONAL
Lima, 8 Marzo 2011
Sr. Alan García Pérez
Presidente de la República
Ciudad
Envío esta Carta Abierta. No pude alcanzarla el 4
de Marzo, al ser reprimido brutalmente en la Plaza de Armas, por
atreverme a ejercer mi derecho constitucional de opinión. Le
anuncio que la entregaré de todos modos por mesa de partes el
día 9 de Marzo, e iré con Leopoldo Ortiz, SG de los trabajadores
de Enapu.
Le solicito abandone su OCULTAMIENTO Y
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL E INFRACCION CONTRA LA
GARANTIA CONSTITUCIONAL. Fue notificado judicialmente el 04 de
febrero 2011 del Habeas Data sobre el Gas de Camisea que
presente y ha admitido el Poder Judicial, para que me entregue
en 5 días, que ya vencieron, la documentación que muestra las
irregularidades de su exportación.
Entre otros, no se ha alcanzado la documentación
sustentatoria de la independización entre los lotes 88 y 56, y
las pruebas que no se está exportando gas del lote 88, ya
secuestrado como garantía bancaria. Tampoco la que sustente que
el gas del lote 56 no sea propiedad del Perú, cuando fue
devuelto por Shell e inscrito con reservas probadas, registro
que luego habría sido irregularmente alterado como “probables”
para regalar el gas valorizado en US$ 20 mil millones a la
empresa Hunt para que lo exporte.
No se han entregado las facturas y contratos de
exportación, ni los volúmenes, precios de venta, destinos, pagos
de impuestos, utilidades y transferencia de precios en cada
etapa de la operación. No se ha informado del cumplimiento de
las recomendaciones de la acción de la Contraloría en el Informe
Especial 220 del 2008, que señala como prueba preconstituida del
delito de defraudación que se estaba ilegalmente descontando US$
3.6 por Barril de Líquidos, al haberse falseado su costo de
producción. Entre Junio 2004 a Octubre del 2010, esta
defraudación es de US$ 381, 076,795 y continua desde esa fecha
a un ritmo de aproximadamente de 3 millones de dólares
mensuales, que sumaran en 30 años un total de US$ 1,000
millones.
No se ha informado documentalmente de la llamada
“Renegociación” con el Monopolio exportador del Gas, ante el
desabastecimiento nacional. En Perú se impide la masificación y
tenemos solo 30 mil usuarios domiciliarios, los que en vez de
pagar S/. 12 por balón de GLP pagan el triple, siendo el gas
más caro de la región. El Gobierno, además, alienta con el DU
001-20011 a vender por anticipado al norte de Chile el gas, para
transformarlo en electricidad.
ESTA VICIADO DE NULIDAD EL PROCESO DE CONCESION
DE ENAPU-CALLAO, EL QUE DEBE SUSPENDERSE. Sin plan maestro,
con un contrato que hipoteca la soberanía portuaria al monopolio
o duopolio, subvaluado activos públicos, liquidando Enapu,
reduciendo el megapuerto a suma de faenones privados, con
tarifazos contra el Perú. El Gobierno opta, contra viento y
marea, por un Duo-polio para imponer monopolios en los puertos
que parasiten y traben la circulación logística en el cuerpo de
la nación, subordinándolo geopolíticamente. Se vicia de nulidad,
también, por la secreta reunión del 25 de Febrero 2011 entre el
Presidente de la Republica y el Sultán de Dubai, Ahmed Bin
Sulayem, en la que resolvieron, sin tener atribuciones, lo
relativo al Proceso de Inversión a cargo de Proinversión y al
proceso judicial entablado por Dubai Ports. Estos acuerdos
secretos incluyen inauditas “compensaciones” del Estado peruano
a Dubai Ports (más área acuática, portuaria, etc.). En este
marco, el Gobierno acrecienta los privilegios de la empresa
chilena Andino Investmen Holding (del grupo Von Appen) como
interlocutor con el duopolio, empresa que tiene bajo su control
el cabotaje de gas y petróleo, aeropuertos y puertos, y asume
atribuciones de soberanía que le ha entregado su gobierno
expropiándoselas al Estado.
Que el pueblo decida y elija el 10 de Abril. No le
robe el voto al pueblo. Respete la Soberanía.
Atentamente
Manuel Dammert Ego Aguirre
DNI 06256174
Candidato Nº 7 Gana Perú en Lima.
CALLAO: GOBIERNO OPTA POR
DUOPOLIO
(Fuente: Diario La Primera de
Lima, publicado el 03 de Marzo)
Luego de la secreta venida de un alto
dignatario de Dubai, el gobierno ha optado por el duopolio
extranjero en el Mega Puerto del Callao. Es decir, digo, Alan
García ha decidido, con razones sonantes, en este faenón. Lo
hace por razones que oculta, pero que la justicia descubrirá.
Quiere imponer que el Perú pierda soberanía en su megapuerto.
Pretende que sea manejado por dos empresas extranjeras, las que
concertarán su accionar a escala global sin que el Perú tenga
atribuciones de soberanía al respecto del Mega Puerto. El Mega
Puerto del Callao debería ser centro estratégico de soberanía de
la Nación. La Patria lucha por ello: Enapu modernizada y en
competencia con DPW (Dubai
Ports World), el Sima fortalecido,
la Marina mercante nacional activa, la zona de actividades
logísticas con valor agregado, la base naval reubicada pero
fortalecida en la Isla San Lorenzo. Estas venas que irrigarían a
la nación, las corta el gobierno, para que parasite el Duopolio
Extranjero, y su interlocutor interno sea nada menos que el
grupo naviero portuario Chileno al que ha regalado la
infraestructura estratégica logística del país.
La expresión judicial de esta decisión, ha
sido el rechazo a la medida cautelar que había conseguido DPW
para participar en el Terminal Norte. La pronta reacción de los
dos Ministros comprendidos, es parte del festín carnavalesco del
gobierno. El Ministro Parlanchín del MTC, ha anunciado eufórico
que calificaría rápido a tres postores (Hutchison, APM terminal,
y MSC), y que en pocos días entregarían la Buena Pro,
“olvidando” que para el 26 de marzo recién Proinversion aprobará
la versión final-final de un proyecto de Contrato, que debe ser
revisado pues está ampliamente cuestionado. El otro Ministro, el
mercantilista banquero del MEF, muy serio ha dicho que “ha
escuchado”, que no sabe bien… pero que está seguro, que DPW
aceptará el Duopolio, pero exigiendo inauditas “compensaciones”,
las que incluso ha enumerado: más área acuática, ampliación de
área portuaria, entre otros privilegios., que no ha dicho como
darán.
Los puertos, en nuestro país-puerto, son
como los puntos básicos de las venas de los que depende se
irrigue el cuerpo de la nación. Si son parasitados o
secuestrados, se atrofia y destruye la nación. De los puertos
depende, en gran medida, que funcione la plataforma logística
nacional y su posicionamiento geopolítico. Señalaba Mercado
Jarrín que la batalla geopolítica del Siglo XIX, fue también
económica y militar, y se expresaba en el posicionamiento del
Callao versus Valparaíso, que condensaba la relación de fuerzas
entre Perú y Chile. Señalaba que la del Siglo XXI, se dirimiría
como batalla económica, según quien controle los puertos y el
tráfico marítimo, en la nueva relación que construye Brasil y
Sur América con el Asia-Pacífico, en la nueva relación de
fuerzas entre Perú y Chile.
El gobierno de García pretende la
autoderrota de la nación. Quiere liquidar Enapu para que el
Estado no tenga atributos de Soberanía en el megapuerto, como lo
tienen todos los Estados Nación del mundo. Está entregando la
plataforma logística de la nación para que sea parasitada y
controlada por el grupo naviero portuario Chileno. Ya Santa
Sofia Puertos (Claro-Romero) tiene Matarani y el muelle de
minerales del Callao; y Andino Inversiones Holding (Von Appen)
tiene Paita, el cabotaje de petróleo y GLP, la zona de
actividades logística y terminales de almacenamiento del Callao,
los aeropuertos del sur y del norte. Desde este control, nos
subordinan al grupo naviero Chileno de CSV y CCI, de Claro y
Urenda. De esta forma, este grupo Chileno ha reemplazado las
funciones y atribuciones de soberanía que ejercía el Estado en
el transporte marítimo (con la Compañía Peruana de Vapores) y
aeroportuario (Corpac), y ahora pretende arrebatarlas a Enapu.
El gobierno abdica de la soberanía y la entrega a este grupo
Chileno. El intento de entregar a un Dúo-polio extranjero el
Megapuerto del Callao, y con ello la soberanía
marítima-portuaria, es como si García hundiese el Huáscar, en
plena batalla. ¡El Perú no lo permitirá!
LAS 15 RAZONES DE
NULIDAD DE LAS NORMAS DE ALAN
1.
Incumplen los criterios de legalidad
establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia del
10 de noviembre del 2009.
2.
Incumplen el requisito establecido
por el Tribunal Constitucional respecto a su carácter de medidas
extraordinarias, pues sus supuestos beneficios no surgen en gran
medida del contenido mismo del decreto, sino están referidos en
su gran mayoría a acciones diferidas en el tiempo.
3.
Los considerandos no se fundamentan
en alguna situación que constituya un peligro extraordinario,
excepcional y urgente para la economía nacional o las finanzas
públicas, debido a que están referidos a condiciones
administrativas.
4.
Reducen los requisitos de aprobación
de los proyectos de inversión a simples estudios de
prefactibilidad, anulando la obligatoriedad de los estudios de
factibilidad.
5.
Eliminan la certificación ambiental
como requisito previo para las autorizaciones administrativas de
carácter sectorial.
6.
Anulan la obligatoriedad de la
consulta previa afectando el cumplimiento del mandato de la
consulta a los pueblos indígenas establecido por la OIT.
7.
Subvalúan activos y bienes públicos
al transferir a título gratuito los terrenos y/o edificaciones
del Estado, incluyendo los que pertenecen a las empresas del
Estado, sean de propiedad directa o indirecta.
8.
Sin autorización invaden las
competencias y normas de las entidades del Estado obligando a
que los funcionarios de los mismos realicen actos contrarios a
sus funciones.
9.
Vulneran las propiedades de los
ciudadanos, de las empresas públicas e incluso los bienes de
dominio público.
10.
Establecen un amplio
cofinanciamiento que aportará el Estado, el que por la
envergadura de las infraestructuras estratégicas comprometidas
será cuantioso.
11.
Anulan el control público sobre los
33 proyectos de infraestructura estratégica.
12.
Pretenden ratificar la ilegal
exportación del gas de Camisea y el creciente desabastecimiento
de energía ante los requerimientos del país.
13.
Los decretos pretenden acelerar la
instalación del control del monopolio naviero portuario Chileno
sobre la infraestructura estratégica de transporte intermodal.
14.
Buscan posición de dominio para el
grupo Repsol sobre la industria nacional del petróleo y el gas.
15.
Los decretos autorizan en forma
improvisada y a futuro la entrega por tramos de las diversas
carreteras del país, reemplazando con negociados lo que debería
ser la realización de un Plan Nacional de Transporte Intermodal.
Inicio de acción judicial al
gobierno por el gas de Camisea, con el uso de la garantía
Constitucional del Habeas Data
Lima 4 de Agosto 2010
Sr. Alan García, Presidente de la Republica
Sr. Javier Velásquez Quesquén, Presidente
del Consejo de Ministros
Sr. Pedro Sánchez, Ministro de Energía y
Minas
Domicilios:
Palacio de Gobierno, Plaza de Armas, s/n
Ministerio de Energía y Minas, Avenida de
las Artes Sur 260, San Borja,
Referencias:
- Carta Abierta del Foro Soberanía
Energética, del 06 Julio 2010, suscrita por
Manuel Dammert Ego Aguirre y Mario Huamán
Rivera, dirigida al Presidente de la
Republica y al Presidente del Consejo de
Ministros, solicitando documentación de la
operación de exportación del gas de Camisea
recibida por el Despacho Presidencial el 08
Julio 2010 Registro 10-009790,
- Oficio Nº 291-2010-DP/OAJ, de fecha 14
julio 2010, de respuesta de la Presidencia
del Consejo de Ministros, dirigida a Manuel
Dammert Ego Aguirre, coordinador del Foro
Soberanía Energética, suscrita por Napoleón
Fernández Urcia, Director General de la
Oficina de Asesoría Jurídica
- Carta al Ministro de Energía y Minas,
presentada el 15 de julio del 2010
De nuestra consideración:
Enviamos la presente Carta Notarial, y
copias de sus referencias, en base al
Artículo 2, inciso 5, de la Constitución,
que establece el derecho ciudadano a
solicitar información de las entidades
públicas, derecho respecto al cual en el
artículo 200, inciso 3, se establece
que es el Habeas Data la Acción de Garantía
Constitucional para cautelar su
ejercicio. Este derecho se regula en
la Ley Nº 28237, cuyo articulo 61 reconoce
como derechos protegidos constitucionalmente
los indicados en los incisos 5) y 6) del
artículo 2 de la Constitución, por los que
toda persona tiene derechos para “acceder a
información que obre en poder de cualquier
entidad pública, ya se trate de la que
generen, produzcan, procesen o posean,
incluida la que obra en expedientes
terminados o en trámite, estudios,
dictámenes, opiniones, datos estadísticos,
informes técnicos y cualquier otro documento
que la administración pública tenga en su
poder, cualquiera que sea la forma de
expresión, ya sea gráfica, sonora, visual,
electromagnética o que obre en cualquier
otro tipo de soporte material”.
Cumplimos de este modo, el Artículo 62 de la
Ley 28237 que establece como requisito
especial para una posterior demanda que “el
demandante
previamente haya reclamado, por documento de
fecha cierta, el respeto de los derechos a
que se refiere el artículo anterior, y que
el demandado se haya ratificado en su
incumplimiento o no haya
contestado dentro de los diez días útiles
siguientes a la presentación de la solicitud
tratándose del derecho reconocido por el
artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o
dentro de los dos días si se trata del
derecho reconocido por el
artículo 2 inciso
6) de la Constitución.” El 8 de julio 2010
enviamos la Carta Abierta a la Presidencia
de la República y al Presidente del Consejo
de
Ministros, respondiendo este imo el
día 14 de julio, luego de descartar la no
existencia de documentos al respecto en la PCM, trasladando el asunto, en su
calidad de coordinador del Consejo de
Ministros, al despacho del Ministerio de
Energía y Minas, al que enviamos reiteración
con nueva carta del 15 de julio, sin que nos
haya respondido.
Reiteramos nuevamente la solicitud,
esta
vez por Carta Notarial, otorgando una nueva
oportunidad para que se atienda con la
respuesta documentada a nuestro derecho
constitucional a la información sobre el
asunto de la Exportación del Gas de Camisea,
tema público de prioridad nacional y clave
en la Soberanía Energética, señalando que de
no ser atendidos en nuestro derechos
ciudadanos, interpondremos ante el Poder
Judicial el recurso de Habeas Data para que
sea exigible bajo responsabilidad.
Reiteramos que la Carta Abierta de la
Referencia, dirigida al Presidente de la
República y al Presidente del Consejo de
Ministros, y luego la enviada el Ministro de
Energía y Minas, solicita la entrega de los
documentos públicos de la operación de
exportación de Gas de Camisea, documentos
que obran en los archivos del Estado,
incluyendo especialmente los siguientes que
indicamos en forma precisa:
-
Documentos técnicos y de
políticas publicas que sustenten los
fundamentos y las acciones de lo
anunciado en el Mensaje Presidencial del
28 de julio del 2009, adoptado con
acuerdo del Consejo de Ministros,
cuando se dijo “que deberá investigar
el Ministerio Público y el Poder
Judicial es porque antes, sacrificando y
entregando el mercado nacional, se
cambiaron las leyes con normas de menor
jerarquía, lo que constituye un delito”,
acompañándose documentadamente los
estudios realizados, las ordenes
impartidas y las acciones efectuadas por
la Procuraduría del Estado al respecto.
-
Documento que sustente la
autorización de exportación en junio del
2010, y la no aplicación del articulo 4,
inciso a) de la Ley 27133 que otorga
prioridad absoluta al mercado interno,
pese al subsidio nacional a la
exportación y al evidente
desabastecimiento nacional, al
exportarse 620 millones de pies cúbicos
diarios mientras se restringe al mercado
nacional con solo 300 millones de pies
cúbicos diarios requiriendo actualmente
no menos de 700 millones de pies cúbicos
diarios (cifra que no considera
los 5 TCF requeridos por el gasoducto
macrosur y el complejo petroquímico, ni
los requeridos para un real plan de
masificación del gas, de domiciliario y
transporte, con 3 millones
de nuevos usuarios los próximos tres
años); y los documentos técnicos y de
políticas públicas que sustenten las
declaraciones contenidas en el Mensaje
Presidencial del 28 de julio 2010,
adoptado con acuerdo del Consejo de
Ministros, que declara positiva la
exportación del Gas y reduce la
renegociación contra actual al tema la
regalía.
-
Documento que sustente el
incumplimiento del contrato de venta en
15 años de 4,2 TCF de gas a la Comisión
Federal de Electricidad de México (CFEM),
organismo público del Estado de México,
y los convenios y acuerdos oficiales con
la CFEM respecto a la no entrega y
su cambio de destino, pues la Planta de
Regasificación de Manzanillo recién
estará entrando progresivamente en
operaciones desde fines del 2011,
suministrándose no los 500 MMpcd, sino
90MMpcd (2011), 180 MMpcd (2012), 360
MMpcd (2013), y 400 MMpcd (2014),
mientras el gas de Camisea lo adquiere y
traslada Repsol desde el 2010 para
exportación sin conocerse la base
contractual del destino.
-
Documento que sustente que
el gas que se exporta no compromete
aparentemente las reservas del lote 88,
cuando está reconocido que técnicamente
es imposible diferenciar su origen; así
como documento que sustente el rechazo
del Estado a la propuesta de Repsol para
exportar el gas de su lote 57 y explique
las razones de su autorización para que
más bien se destine al mercado nacional
a un mayor precio a favor de la empresa
mientras se mantiene el compromiso de
exportación del gas del lote 88, por lo
que mientras compra a boca de pozo el
gas de Camisea a US$ 0.53 dólares para
exportarlo, nos vende a los peruanos el
gas del lote 57 a US$ 2.57.
-
Documento de la aprobación
por autoridad pública, y su sustento
legal, técnico y económico, para
que se utilice el gasoducto de Camisea,
financiado por todos los peruanos, para
transportar el gas de exportación desde
el 2010, incumpliendo de este modo
cláusula expresa del Contrato con el
Estado que establece que debe
transportar hasta el 2014 sólo el gas
para el mercado interno.
-
Documento que sustente los
nuevos contratos de exportación y sus
condiciones, de autorización, de venta,
y destino, y explique la suplantación de
la Comisión Federal de Electricidad de
México, tanto en el primer embarque
del 24 junio a México, y de los otros
seis o 7 embarques a España anunciados
por el Ministerio de Energía y Minas
entre julio y diciembre 2010.
-
Documento que sustente
desde el inicio los volúmenes de gas, y
los precios, pagos de impuestos y
utilidades, en cada etapa de la
operación de la cadena de exportación en
curso (extracción, fraccionamiento,
transporte, licuefacción, buques, y
comercialización externa), entre
Pluspetrol, PeruLNG y Repsol, manejados
en posición de dominio por Repsol-Hunt,
los que permitirán apreciar si existen
indicios de Sobre valuación, Evasión
Fiscal y Transferencia de Precios; así
como los documentos respecto a la
aplicación de las conclusiones del
examen especial de la Contraloría
General de la República el 2009, que
establece prueba preconstituida de
delitos e irregularidades en la
adulteración de costos, entre otros.
-
Documento que sustente
desde el inicio los volúmenes de los
diversos líquidos asociados al gas (
GLP y otros), y los precios, pagos de
impuestos y utilidades, en cada etapa de
la operación de la cadena de producción,
comercialización y exportación en curso
(extracción, fraccionamiento,
transporte, buques, y comercialización
interna y externa), a cargo de
Pluspetrol y otras empresas del
Consorcio Camisea, especificando las
empresas de cada fase de las
operaciones, y las subcontrataciones,
lo que permitirán apreciar si existen
indicios de Sobre valuación, Evasión
Fiscal y Transferencia de Precios,
constituyendo la venta de los diversos
líquidos el origen a la fecha del 90% de
las utilidades del Consorcio. Los
documentos respecto a la aplicación de
las conclusiones del examen
especial de la Contraloría General de la
Republica en los años 2005 al 2009, que
establece prueba preconstituida de
delitos e irregularidades la
adulteración de costos a descontar antes
de pagos de impuestos y regalías, al
fijarse en el Contrato en 6.40 US$/BI el
costo de las fases de operación cuando
eran realmente los establecidos en los
estudios técnicos-económicos de 2.88 US$/BI
( 0.650 US$/BI costo procesamiento
líquidos-Fraccionamiento, 2.230 US$/BI
por Transporte Ducto-Líquidos Lima,
incluyendo almacenamiento), adulteración
que servía para descontar a favor de la
empresa costos ficticios, disminuyendo
en más del 50 % los pagos al fisco. Los
documentos respecto a las acciones
adoptadas al haber la empresa en seis
años recuperado su inversión pues
teniendo en cuenta el
aporte de regalías señalado por el
Consorcio habría registrado US$ 6,176
millones en utilidades, por lo que
en
sólo seis años de operaciones duplicaron
la inversión realizada de US$ 3 mil
millones, y la utilidad será mayor
hasta el fin de la concesión del 2010 al
2040, habiendo
obtenido estas utilidades
incluyendo las ilegales y abusivas
condiciones de la exportación de los
líquidos asociados al Gas y por el
bloqueo a la masificación del uso de gas
natural mientras imponían la venta a
precios internacionales del Gas Licuado
de Petróleo obtenido de los líquidos de
Camisea, triplicando para los
usuarios el precio en relación al del
gas natural bloqueado en su
masificación.
-
Facturas de venta de
Pluspetrol, Perú LNG y Repsol por el
Embarque efectuado el 24 junio 2010 y
por el inmediato posterior, y documentos
que indiquen el contrato que sustenta
las transacciones de compra y venta, y
el destino final según las operaciones
de venta y la Planta final de
Regasificación
-
Documento que
sustente las condiciones contractuales,
los volúmenes, los montos de pagos de
impuestos y regalías, y las utilidades,
tanto del primer embarque como de los
otros seis o siete embarques con nuevo
destino y contratación, entre el Estado
y Repsol-PeruLNG, en los que no se
aplica las regalías e impuestos por el
valor de realización (venta) final en el
mercado mundial, sino a “boca de pozo”,
a US$ 0.53 el Millón de BTU, con lo que
se estaría defraudando al Estado, lo que
en base al contrato de venta por 15 años
a la Comisión Federal de Electricidad de
México de 4,2 Trillones de Pies Cúbicos
(TCF) a US$ 4 el Millón de BTU que hacen
un total de US$ 21 mil millones, de los
cuales US$ 15 mil millones son
utilidades, y que pueden incrementarse
hasta 30 mil millones si se duplica el
precio de venta final ( a US$ 10 el
millón BTU en Chile), hacen una posible
defraudación al fisco en los 15 años
entre US$ 14 mil y US$ 21 mil millones
de dólares.
-
Documentos de Cartas de
Embarques de los dos primeros envíos de
gas para exportación, en buques
metaneros de 4 tanques, precisándose el
total de lo efectuado en los embarques,
pues se embarca un 25 % de volumen menor
de la capacidad del buque
(capacidad total de 173,400 metros
cúbicos y se embarca solo 121,475.803
metros cúbicos), volumen no cubierto que
corresponde a un tanque de los 4
existentes, explicándose
documentadamente las bases contractuales
y las razones de este volumen “vacío”, y
si fue sustituido el gas por otros
elementos no declarados, los que de ser
líquidos se valorizan en US$ 8
millones por buque y US 56 millones por
el total de los 7 buques; de ser gas
butano suma US$ 33,5 millones por buque
y US$ 235 millones en total, y de ser
propano suma US$ 28 millones por buque y
en total US$ 199 millones.
-
Documentos respecto a los
compromisos efectivos de reservas
probadas de 5 TCF requeridas por el
gasoducto y la petroquímica del macro
sur, de los trazos y compromisos de
inversiones de los diversos ductos de
gas en el macro sur y su respeto a la
reserva de Megantoni, de los anuncios
oficiales de reservas y compromisos de
inversión por la empresa estatal
brasileña Petrobrás en los lotes 57, 58
y Fitzcarrald, este último en supuesto
acuerdo con Petroperú e impreciso en su
ubicación, y de los compromisos
efectivos de inversión para que en enero
2011 se realice lo anunciado por el
Gobierno de iniciar la construcción del
gasoducto macrosur, pese no tener
reserva probada garantizada ni inversión
efectiva comprometida, y a que se
anuncia otorgarle el gas más caro que
además tendrá reducida demanda al no
poder destinarse a generación eléctrica
en el sur.
-
Documentos que sustenten
cada una las “variaciones” anunciadas
por el Gobierno en el objeto de la
“renegociación” del Estado con
Repsol en relación al pago de las
Regalías por el Gas de Exportación, de
primero no venta a precios menores que
el mercado nacional, luego “regalía
piso”, y luego finalmente en el Decreto
Supremo 039-2010-EM, de “regalía
promedio” que permite pago de regalías
nacionales más altas (industrias y
petroquímica) en relación a las menores
que paga el gas de exportación.
-
Documento sobre las
declaraciones del Presidente de
Perupetro, Ing Daniel Saba, en Pucallpa
el 19 de julio 2010 y en los días
siguientes, que las sustenten en
algún acuerdo de Directorio de Perupetro,
del MEM, PCM o Presidencial, respecto a
que en las Reuniones de “Renegociación”
de Repsol con el Estado del 5 de agosto
2010, se va a llevar la política de
“buscar los precios más altos del
mercado para exportar el gas”, siendo
los precios más altos los de los
mercados de Chile a US$ 10 el Millón de
BTU y su nexo hacia Argentina a US$ 14
el Millón de BTU; que sustenten que se
va a autorizar la exploración para la
explotación de gas en la reserva del
Candamo,
corazón del Parque Nacional
Bahuaja Sonene,
donde se anuncia 3 TCF de reservas
probadas, y que en varias oportunidades
(como el caso de Discover Petroleum) ha
sido objeto de ofrecimientos y anuncios
de adjudicaciones; y documentos que
sustenten las declaraciones del
Presidente del Consejo de Ministros, Dr.
Velásquez Quesquén, en el marco de la
“Renegociación” con Repsol para el 5 de
agosto, respecto a que es política del
Estado la relativa renegociar solo sobre
el monto de regalías, y que fundamenten
sus declaraciones respecto a que la
exportación del Gas de Camisea a Chile
se considera oficialmente como
favorable.
Manuel Dammert Ego Aguirre
Coordinador del Foro Soberanía Energética
DNI 06256174
Mario Huamán Rivera
Secretario General de la CGTP
DNI 08044424
Establecemos como domicilio para el envio de
la respuesta: Prolongación Cangallo 670, 2
Piso La Victoria. Tel. 3122034
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Lo que oculta la dinastía Fujimori: Como en
la época de los nazis en la Alemania de Hitler, la dinastía
Fujimori pretendería retornar al poder con el fin de establecer
exclusivamente además Destacamentos Especiales de Asesinatos,
destinados a eliminar a quienes ejercerían la verdadera Democracia, la
Defensa de los Derechos Humanos y de la
Soberanía del País.
¡PERÚ!, DILE NO A KEIKO FUJIMORI.
Nº 689, 16 de mayo del
2011
El DESTACAMENTO ESPECIAL
DEL SIE QUE ASESINO PERSONAS EN AYACUCHO A CASI UN AÑO DEL
GOBIERNO DE FUJIMORI "El agente Carrión"
Durante 1991 mientras en
Lima se llevaba a cabo la "eliminación" de un grupo de personas
(entre ellas un niño) supuestamente vinculadas a la subversión,
al interior de una pollada en "Barrios Altos" por un
destacamento especial del Ejército denominado "Grupo Colina"; en
Ayacucho otro grupo especial de agentes de inteligencia del
Ejército peruano (EP) venía desplegando el mismo trabajo, que
contaba con el conocimiento y aquiescencia de los más altos
mandos militares y respondía a la estrategia contrasubversiva
diseñada por el gobierno de Alberto Fujimori.
Efectivamente, en el mismo
año en la ciudad de Huamanga y otras provincias de la ciudad de
Ayacucho se llevaron adelante múltiples asesinatos de personas
que no eran cómodas para el gobierno de turno o que
supuestamente tenían algún tipo de vinculación subversiva. Entre
ellas, el asesinato del periodista Luis Morales Ortega en julio
de 1991. La profesora Celestina Huallanca Hinostroza, testigo de
este asesinato fue también eliminada por los mismos agentes
cinco días después de ocurridos los hechos junto con su esposo,
hijo y sobrino. De la misma manera fue asesinada la ex alcaldesa
de Huamanga Leonor Zamora Concha, quien ocupó el cargo público
desde 1983 a 1985 y se caracterizó por su abierta defensa de los
derechos humanos.
El documento "Agente
Carrión"
Estos asesinatos se
hubieran quedado sin resolver por la policía, sino fuera porque
en el 2001, agentes de inteligencia del Ministerio del Interior
intervinieron en su domicilio a Favio Javier Urquizo Ayma, un ex
agente de Inteligencia operativo del EP, que tenía una
requisitoria por su participación en el atentado a Global
Televisión y Radio Samoa de Puno en setiembre de 1996. Durante
su registro domiciliario se encontró un documento de carácter
secreto titulado "Agente Carrión", con sellos y membretes del
Ministerio de Defensa y del Servicio de Inteligencia del
Ejército.
En dicho documento se narra
con lujo de detalles los asesinatos llevados a cabo durante 1991
por un grupo especial de agentes de inteligencia operativo (AIO),-entre
ellos el propio Favio Javier Urquizo Ayma "Agente Carrión-, que
habían sido designados desde Lima por la DINTE, a cargo entonces
del Gral. Juan Norberto Rivera Lazo para cumplir con la política
contrasubversiva diseñada por el gobierno. Estos agentes de
inteligencia cumplieron su labor bajo las órdenes de Hugo
Martínez Aloja, Jefe Político Militar y Jefe de la Segunda
División de Infantería de Ayacucho.
Su misión principal fue la
eliminación de personas, así lo destaca el propio "Agente
Carrión" en el documento"… como consecuencia de todo esto el EP
juega un papel muy importante y dentro de esta institución
castrense sale a relucir en forma secreta una fuerza elite con
que cuenta … esa fuerza élite encabezada por la DINTE como
dirección y el SIE como órgano de búsqueda de informaciones y
ejecutor de planes secretos, y a nivel de GGOO como sección
G2…"…salimos a las 6.00 hrs. del "G-2"
hacia la ciudad a continuar
con el trabajo, el comando del CG 2DA. DI había decidido la
ELIMINACION de 03 ideólogos y con revolver para despistar las
investigaciones que puedan involucrar al Comandado del EP"…"
La eficiencia en la
eliminación de personas fue destacada por los altos mandos
militares del EP para la calificación del personal a cargo de
estas misiones. Así lo refiere de puño y letra Sigfredo Miranda
Vásquez - Jefe del destacamento especial que operaba en Ayacucho
y Abraham Ewest Ventocilla, Jefe del Negociado de Operaciones de
la sección inteligencia del mismo destacamento. En el informe de
eficiencia del "Agente Carrión" se destaca que "...actúa con
gran decisión, valor y destreza en la ejecución de operaciones
especiales de inteligencia lo cual permitió realizar importantes
capturas y eliminación de mandos subversivos….absoluto
profesionalismo dentro de su especialidad…cumple fielmente las
disposiciones reglamentarias y superiores, de gran valor y
destreza en el cumplimiento de operaciones de inteligencia
permitiendo con su actitud el éxito de las operaciones…". El
puntaje asignado por su superior a fines de diciembre de 1991
fue de 97.5 sobre 100, nada menos que por el propio Gral. de
Brigada Hugo Martínez Aloja.
Los asesinatos de este
destacamento especial fueron múltiples. En agosto de 1991
asesinaron al profesor Ladislao Huamaní Loayza y su esposa
Gregoria Paquiyauri Farfán en Vilcashuamán. Diez días después
asesinaron a Raúl Vicente Jaico Medina, propietario de un
restaurante ubicado en Niñobamba, el cual fue completamente
destruido por la explosión de aparatos explosivos. También se
ejecutaron por este destacamento especial los asesinatos de
Mariscot Glicerio Santa Cruz, Rister León Espinoza (agosto,
1991), Luis Contreras Palomino (setiembre, 1991), Rogelio Rubén
Gallo Curi, Camilo Enríquez Fernández y Zósimo Llactahuamán
Huaranca(diciembre, 1991.)
El testigo en el Juicio a
Alberto Fujimori El Gral. Martínez Aloja fue citado en calidad
de testigo por la defensa de Alberto Fujimori el 30 de setiembre
del 2008, con la clara intención de demostrar que no existió una
política de guerra sucia durante su gobierno y que toda lucha
contrasubversiva se hizo con el respeto y vigencia de los
derechos humanos.
No obstante, la realidad se
impuso durante el interrogatorio de la parte civil (defensa de
víctimas) porque pese a la negativa del Gral. en reconocer la
existencia de operaciones de inteligencia solicitadas por la
DINTE durante el periodo que estuvo a cargo de la Jefatura
Político Militar de Ayacucho, no supo explicar cómo entonces
existían sendas felicitaciones de su parte al "Agente Carrión"
por su gran destreza en la realización de estas operaciones que
implicaban la "eliminación de personas".
Martínez Aloja no solo cayó
en contradicciones durante el interrogatorio, sino que lejos de
coadyuvar a la defensa de Fujimori permitió evidenciar que la
"eliminación de personas" no fue una iniciativa y tarea
exclusiva del Grupo "Colina" como se pretendía sostener, sino
una política contrasubversiva de guerra sucia diseñada por el
gobierno de Alberto Fujimori.
Proceso en curso por los
asesinatos de Ayacucho Las declaraciones brindadas por el Gral.
Martínez Aloja en este juicio, contribuyeron en la investigación
que ya venía realizando La Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho
sobre los crímenes del "Agente Carrión". De esta manera la
Fiscalía ha determinado que los asesinatos ocurridos en 1991 se
ejecutaron por los agentes de inteligencia operativos Fabio
Javier Urquizo Ayma "Agente Carrión", Abraham Francisco Reyes
Ewest Ventocilla y Josë Armando Tello Tandazo, quienes
ejecutaron las órdenes impartidas por Juan Norberto Rivera Lazo-
Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE),
Víctor Raúl Silva Mendoza - Jefe del Servicio de Inteligencia
del Ejército (SIE), Hugo Martínez Aloja - Jefe de la Segunda
División de Infantería y Jefe Político Militar de Ayacucho ,
Sigfredo Celso Miranda Vásquez - Jefe del Destacamento de
Inteligencia de la 2da. División de Infantería y, Carlos Alberto
del Busto Hervías- Auxiliar de Inteligencia del G2.
A la fecha la Fiscalía
Superior de Lima ha formulado acusación contra todos ellos por
el delito de homicidio calificado - ejecución extrajudicial,
habiendo solicitado 25 años de pena privativa de libertad y el
pago de S/7.000,000.00 millones de nuevos soles de reparación
civil a razón de S/500.000 nuevos soles por cada víctima.
El Ministerio Público
sostiene que los 14 asesinatos que se le atribuyen a este
destacamento especial fueron realizados bajo la misma modalidad:
con más de un disparo en la cabeza y, que tenían como única
finalidad concreta causar la muerte de las víctimas, siguiendo
las órdenes de sus jefes militares. Asimismo, que los agentes de
inteligencia del EP utilizaron material logístico del Estado,
desde el vehículo hasta las armas y silenciadores. Y que, estas
ejecuciones respondieron a una autoría intelectual representada
por el Ejército Peruano que prestaba servicios en Ayacucho y de
la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) y SIE, como
órganos de elaboración y ejecución de "Planes secretos", cuya
ejecución implicó la vulneración de derechos fundamentales.
Ante la evidencia de los
asesinatos perpetrados por agentes del Estado durante el
gobierno de Alberto Fujimori, en clara ejecución de una política
contrasubversiva que priorizó y destacó la eliminación de
personas; cabe seguir afirmando por algunos que Fujimori es
inocente?. Si la extradición no se hubiera limitado a los casos
Barrios Altos y la Cantuta, innumerables hubieran sido los
crímenes que hubiera tenido que enfrentar.
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COMPROMETEN UNOS $15 MIL MILLONES
Manuel Dammert explica que bienes del
Estado irán a manos de las transnacionales por decretos de
urgencia inconstitucionales. Mario Huamán convocó Asamblea
Nacional de la CGTP para acordar acciones de lucha.
Los decretos de urgencia
001 y 002 deben ser anulados, ya que además de ser
inconstitucionales y de rematar la infraestructura estatal que
aún queda, sus alcances comprometen 15 mil millones de dólares
en propiedades y terrenos estatales que serán subvaluados para
su entrega a los inversionistas transnacionales, afirmó el
experto Manuel Dammert, candidato de Gana Perú al Congreso.
Dammert advirtió que el gobierno creó, a través de los decretos,
un régimen especial "absolutamente corrupto" de adjudicación y
contratación, que compromete al menos 15 mil millones de dólares
del Estado a favor de un grupo de consorcios amigos de Alan
García, como Repsol y otros de origen Chileno, por ejemplo.
Leer Más
LAS 15
RAZONES DE NULIDAD DE LAS NORMAS DE ALAN
1. Incumplen los criterios de
legalidad establecidos por el Tribunal Constitucional en la
sentencia del 10 de noviembre del 2009.
2. Incumplen el requisito establecido por el Tribunal
Constitucional respecto a su carácter de medidas
extraordinarias, pues sus supuestos beneficios no surgen en gran
medida del contenido mismo del decreto, sino están referidos en
su gran mayoría a acciones diferidas en el tiempo.
Leer Más
En el
Bicentenario, actualidad de los cuerpos territoriales en la
formación de la Nación: La soberanía en debate para
refundar la República en la Nación Pluricultural. Ponencia
presentada en el Congreso, organizado por nel Vice Rectorado
de Investigación.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
I
CONGRESO
Hacia el Bicentenario: 200 años de vida republicana. Balance
y perspectivas
30 Abril
2010
En 1780 en la proclama de su Levantamiento
Continental, Túpac Amaru II llama a formar el
“cuerpo de la nación”. Convocaba a unir en una nueva nación
a los diversos sectores contra España, bajo la hegemonía de
la nobleza inca, sin definir si dicha nación podía ser un
“reino” en la confederación de reinos del Imperio Español.
Desde 1810, con las Juntas de Gobierno que los criollos
constituían en diversos lugares de América del sur, se
empieza el proceso de Independencia Política, para naciones
que los criollos instituían sin indios. En 1821 es
proclamada por San Martín la Independencia en Perú,...
Leer Más
Camisea, Urge Recuperación Soberana
En
relación a Camisea, el Gobierno se ha visto obligado a
retroceder ante la exigencia patriótica de la ciudadanía
y la evidencia del desabastecimiento mientras se
compromete para exportación el 47 % de las reservas
probadas. Es urgente recuperar el total del gas de los
lotes 88 y 56, 47 % del cual está secuestrado para la
exportación. El dialogo en la provincia cusqueña de La
Convención ha sido expresión de una masiva conciencia
ciudadana nacional, que ha conquistado como agenda
prioritaria la soberanía energética.
Leer Más
El Gas de Camisea requiere política soberana de
Estado
El país exige que
el gas de Camisea se destine al mercado interno,
y no subsidie a la exportación, monopolizada por
Repsol-Hunt. Esta es una convicción que se ha
hecho sentido común mayoritario. Se manifiesta
de muy diversas maneras, en foros, lavados de
banderas, paros, huelgas indefinidas, protestas
políticas, marchas relámpagos, propuestas de
políticas pública y técnicas, ensayos
escolares, símbolos culturales, y hasta en
ironías. La Provincia de la Convención
desarrolla importante huelga y los próximos días
se alistan nuevas y más amplias medidas de
movilización y propuestas.
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Más
Eduardo Enrique Cervantes Flores
Director
ecervantesf@aqpcultura.org.pe |
