|
Ir a Anteriores publicación,
haciendo clic
aquí
Machupicchu: puesta en valor o
depredación: ¿de 2,500 a 6,800 visitantes por día?
Domingo, 31 de julio de 2011
¿Podrá subsistir el Santuario de
Machupicchu si pasa de los 2,500 visitantes por día, en la
ciudad y en caminos inca, a ser ocupado en los próximos años por
5,400 visitantes día o 6,800 al día, como plantean dos
promocionados estudios de turismo? Fui responsable técnico de
la elaboración del vigente Plan Maestro 2005-2015 del Santuario
Nacional de Machupicchu, que estableció las normas de su
conservación y uso público, estudio fundamentado en las normas
de la Unesco y la legislación nacional el manejo del Patrimonio.
Tambien lo fui del Plan Maestro de Caral. Al respecto dicto
cursos de Posgrado sobre Planes Maestros Patrimoniales en las
Universidades de San Marcos y la UARM. Tengo el deber de alertar
acerca de los gravísimos errores que pueden precipitar al
deterioro irreparable de nuestro Icono Nacional y Patrimonio
Cultural de la humanidad.
1. Año de Machupicchu, entre icono
nacional cultural y su descontextualización predadora.
El gobierno saliente en este declarado año
de Machupicchu ha impulsado un equivocado perfil turístico
descontextualizado. Pero la sociedad ha ampliado su carácter de
icono nacional y su significado como acceso sagrado a la
civilización andina. Su carácter cultural ha traspasado la
parafernalia y los intentos de su descontextualización entre
brillantes luces de neón. Se ha extendido el conocimiento de su
condición sagrada de Mausoleo, que albergaba la tumba del
fundador del Tawantisuyo, Pachacutec. Se ha afirmado como
emblema de una de las civilizaciones originarias de la
humanidad. Y por esto mismo, como Icono identitario del Perú
como Nación.
Algunos han redoblado afanes para
transfigurar a Machupicchu en un objeto del deseo multivoco del
turismo global, a cuya renta a captar se busca subordinar su
gestión, y atar como ancla del turismo nacional, en vez de su
necesaria diversificación en destinos y productos. Vuelve a
plantearse que debe ser gestionado desde la condición reducida a
objeto turístico, cuyo acceso este regulado en función de la
satisfacción del visitante, dejándose de lado el uso público
(capacidad de carga y otros) que trate de conservar la
autenticidad del patrimonio natural-cultural.
Se pretende, entonces, que se duplique o
triplique la actual capacidad máxima establecida por el Plan
Maestro vigente, que es de 2,500 por día. Un Estudio de Candes
el 2010, pergeña visitantes en 5,400/día y para que crezca más
aun según la satisfacción. Otro estudio, de Khipu del 2011,
plantea que no exista límite, pudiendo manejarse a los
visitantes para pasar a 3,400 en pocos años a 5,000, y llegarse
a 6,800 dia, lo que se lograría manejado el Santuario como
objeto turístico. Para este fin, amplia las áreas de su uso
turístico, con diversas instalaciones y equipamientos (hoteles,
etc.) en la ciudad inca, en el camino inca, y en otros lugares
del santuario. Esta extensión del área turística, excluye a los
porteadores que son una forma de la presencia comunera
campesina. Tiene además una extraña indicación en la
recomendación final seis que pone en duda la propiedad del
Estado sobre los terrenos del Santuario de su “zona turística
expandida”, pese a que en forma explícita el Plan Maestro
vigente ratifica y enfatiza la propiedad del Estado sobre los
mismos.
2. La Metodología de capacidad de Carga
Turística en debate.
Estos años se ha tratado de esconder el
vigente Plan Maestro de Machupicchu 2005-2015. Se ha pretendido
esconder que sus avances en investigación y en puesta en valor,
expresan su ejecución, y se basan en su autofinanciamiento, pese
a todos los obstáculos. El blanco ha estado centrado en cambiar
la capacidad de carga turística máxima establecida de 2,500
/día, norma obligatoria y respaldada por la Unesco. Incluso, se
ha dicho que no existe estudio al respecto, del que tengo una
copia, pero no lo publican.
Debe abrirse un amplio debate con los tres
documentos existentes. El del Plan Maestro 2005-2015. El de la
consultora Candes del 2010 y el de la consultora Khipu del 2011.
Presento en forma breve lo fundamental de sus divergencias.
El Plan Maestro se sustenta en las normas
de la Unesco, que establecen como obligatoria se determinen la
capacidad de carga de los visitantes en los sitios de
patrimonio. Y desarrolla la metodología de Cifuentes (
“Determinación de capacidad de carga turística en áreas
protegidas” de 1992) y sus aplicaciones en Galápagos y en Tikal.
Sus pasos metodológicos son precisos, y son los que deforman los
estudios de Candes y Khipu.
Se parte de establecer una Capacidad de
Carga Física (CCF). Esta se define como la relación simple entre
el espacio disponible y el espacio por factor visitantes (número
de veces del grupo visitante en un día). Son indicadores básicos
el horario de visita y el tiempo visita por grupos. Estos son
los indicadores que si define el Plan Maestro y esconden los
otros estudios para hacer cálculos erróneos. En el Plan Maestro,
se indica que el horario de visita en el día es la entrada de
8am a 3 pm y de salida de 3 pm a 5 pm. En Candes, hacen una
relación elemental de visitante por área ocupada, obviando el
tiempo de los visitantes, por lo que la referencia a tiempo solo
está indicando como “ turnos”, que amplia o duplica, sin indicar
nada al respecto, pues esconde que tendría que plantear un
horario nocturno. Candes cambia el tiempo, por el rol abstracto
de usos de áreas (escalinatas,etc). En Khipu, esta CCF no le
interesa. Más aun, la rechaza, en medio de confusos argumentos
posmodernos.
Acentúa hasta unilateralizar la
satisfacción del visitante. Pero bajo esta cobertura, evade
establecer el área real física de uso turístico, respecto a la
cual asume su radical ampliación más allá de las 4,5 has de la
ciudad inca, a otra áreas que extiende indefinida por el
Santuario, incluyendo caminos inca, fondos de valle y diversos
otros sitios imprecisos, no solo en su delimitación sino
también, extrañamente, como vimos, en su régimen de propiedad
pública, como si fuesen privados o pudiesen serlos.
Luego de la CCF, se define la Capacidad de
Carga real (CCR), que permite señalar el límite máximo de grupos
visitantes. Cifuentes y el Plan Maestro, asumen que se logra
aplicando factores de corrección particulares del Sitio, que son
ambientales, físicos, biológicos y de manejo. En la ciudad inca,
el Plan Maestro, incluye 6 circuitos de 2h15, y uno corto de
1h20; el cuello de botella de la entrada por el que pasa un
grupo de 20 personas en 2 minutos; y la rotación de 125 grupos a
lo largo del día, considerando sus recorridos y por la entrada,
que permite establecer que en forma simultánea en un instante
están 625 personas en la ciudad inca. Candes asume el CCR en
base a factores de corrección donde se privilegia la experiencia
del visitante. Al tal extremo, que la saturación y aglomeración,
no le preocupa pues pese a ellos los visitantes están
satisfechos, como tampoco le preocupa la contaminación por
hongos al sobar con las manos las piedras, pues son efectos de
deterioro a largo plazo mientras los visitantes quedan
satisfechos. Así construye sus cifra absurdas de 5,400 CCF, de
los que 2,268 están simultáneos, “en un instante dado”!
El tercer paso, es la Capacidad de Carga
efectiva (CCE). Esta se establece como límite máximo de grupos
dada la capacidad de manejo de la administración, en asuntos de
personal, infraestructura, equipos y financiamiento. Mide la
relación entre lo óptimo y lo existente en cada aspecto, para
descontarlo de la CCR. Esta CCE puede ser igual o menor que la
CCR, pero nuca mayor. El Plan Maestro, señala al detalle las
políticas públicas y programas para optimizar la gestión del uso
público, teniendo como techo los 2,500 diarios establecidos en
la CCR. Para Candes, se acentúa los factores de reducción en
este aspecto, para luego señalar que con un cambio en los
aspectos de administración para satisfacer a los visitantes se
puede arribar a su errónea formula de la CCR. Para Khipu, este
tercer paso no es tal, pues constituye el objeto y punto de
partida de su método, el impreciso “Sistema de Manejo de
Visitantes”, sustentado en su satisfacción soberana con
múltiples sentidos, destinos y propuestas. De ahí que al final,
pese a ser la capacidad de carga el tema del estudio señala que
establece solo “hipótesis”, a partir de extender en turnos no
precisados las cifras de Candes, para pasar a 3,400 en pocos
años a 5,000, y llegarse a 6,800 día. Para transformar estas
hipótesis en estudio, solicita se haga un nuevo estudio que
costaría S/. 2 millones, dentro de un plan de una “unidad
turística de gestión”, dominante y con autonomía en el SHM; cuyo
presupuesto seria de S/. 320 millones, de los cuales S/. 160
millones es para los próximos 5 años.
3. Los temas pendientes de la Gestión.
El Plan Maestro de Machupicchu 2005-2015,
señala que el 2010 debe realizarse una nueva y urgente
adecuación de sus programas e inversiones. Existen temas y metas
pendientes no resueltos. Pero no se han tratado, por la presión
para ampliar sideralmente la capacidad de carga turística y para
trastocar la gestión dejando de lado su condición patrimonial
cultural-natural para someterla a objeto turístico
descontextualizado, con una institucionalidad cuya lógica de
intervención reposa en el turismo predador y no en la
autenticidad del bien. El Plan Maestro planteo la importancia de
la sacralidad del espacio del conjunto del Santuario lo que es
base de su zonificación, tema que ha traspasado la parafernalia
con que se lo quiso cubrir este año, y que incluso reconoce el
estudio de Khipu.
Se ha indicado en el Plan la importancia de
su carácter de nexo andino-amazónico, en especial, de la partes
altas del cusco con la provincia de la convención, con diversos
aspectos no resueltos, sobre los cuales algunas propuestas de
Khipu son concordantes y otras innovadoras, las que deben
seguirse avanzando como las de la red patrimonial
natural-cultural con choquequirao y vilcabamba, la carretera
Mollepata- Santa teresa, el aeropuerto en Quillabamba, y el
elevador de acceso. Se puede mejorar diversos aspectos de
gestión específicamente turística, para una más adecuada gestión
de los visitantes, y con más amplia presencia del empresariado
nacional y las comunidades campesinas, pero sin esa extraña
ampliación de áreas turísticas a las que se niega propiedad del
estado, sin excluir a los porteadores, y sin transformar el
Itinerario cultural de caminos inca en una ruta de hotelerías.
No es solo que la Unesco vuelve a venir en
Enero 2012, y existe la probable declaratoria de poner a
Machupichu en la lista de sitios del Patrimonio en riesgo. Sobre
todo, se trata que el Cusco y los peruanos afirmemos uno de los
más importantes sitios sagrados del mundo andino como parte de
la afirmación nacional y desarrollo descentralizado, con los
cambios que el país ha iniciado.
Gas Barato (GN
y GLP) para el Cambio, a partir de Recuperar el Gas de Camisea
para el Perú
22 de Julio de
2011
El arribo del Gas de Camisea Lima el 2004,
debió ser el punto de partida para su masificación, con el
cambio de la matriz energética nacional y el uso de un
combustible barato para los hogares. Pero se deformo por dos
grandes faenones: el de la ilegal exportación y el de vender el
GLP como si fuese producido con Petróleo importado y no con
líquidos del gas de Camisea. Se ha pretendido justificar la
exportación, señalando que la demanda nacional de Gas está
cubierta en función de contratos suscritos, obviando que existen
subastas restrictivas y que no se ha masificado el gas, los que
por si mismos son evidencias de desabastecimiento. Desde la
ciudadanía, los movimientos sociales, diversos especialistas y
el Foro Soberanía Energética, hicimos saltar esta mentira. Ha
sido y es decisiva la exigencia del sur andino, para el consumo
masivo y la petroquímica. También lo es la exigencia de los
hogares del país, que han pasado a tener de combustible básico
un GLP con precio abusivo, reclamando por Gas Barato (GN y GLP).
1. Ecuación fraudulenta 2005-2011: GN
bloqueado, y GLP a precios internacionales.
Se conocen ya los actos dolosos, desde el
2002 promovidos sobre todo por Pedro Pablo Kucksynki, y
continuados activamente por el Gobierno de Garcia, para destinar
a la exportación el 47 % del Gas de los lotes 88 y 56 de
Camisea. Han desabastecido el mercado nacional. El gas natural
restante, fue destinado sobre todo como insumo para centrales de
generación eléctrica y algo para vehículos y algunas industrias.
Las subastas, evidencian el racionamiento efectivo.
Es necesario explicar el otro lado de esta
gran estafa al país. En forma premeditada, se bloqueó el uso
masivo del Gas Natural a domicilio, para abrir el mercado a un
GLP con precio fraudulento. Se impuso una ecuación mortal entre
bloquear el Gas Natural (que va por redes) e imponer a precios
internacionales el Gas Licuado de Petróleo GLP ( que va en
balones). Esta ecuación mortal, genera grandes y rápidas
ganancias a la empresa productora, la que es subsidiada por los
usuarios. Mientras en Colombia, 5 millones y medio tienen gas
natural domiciliario, en Perú estamos en 50 mil y se pretendía
que el 2016 se arribe a solo 111 mil usuarios conectados. Este
bloqueo al GN, con solo 50 mil usuarios domiciliarios entre 2005
y 2011, no es solo para que continúe la exportación del gas,
sino también es para el otro negocio. Es decir, para abrir
mercado a los altos precios del GLP, impuesto como combustible
domiciliario general. Se ha prohibido justificadamente el
Kerosene, y el Gobierno ha regalado 40 mil cocinas a GLP. Al
mismo tiempo, fraudulentamente, se ha impuesto precio abusivo al
balón de GLP.
2. El Bloqueo a las conexiones
domiciliarias de Gas Natural
El incentivo al consumo domiciliario nunca
interesó mucho a los gobiernos, pese a que el consumo promedio
de gas natural domiciliario está a un precio de S/ 12,
equivalente al valor calórico de un balón de GLP de 10 Kg. El
Contrato de Camisea del 2000 exigía que el distribuidor realice
en 5 años 70,000 conexiones reales (efectivas) a domicilios. Ese
monto ya era bastante pequeño. En el 2002 se firmó el contrato
de distribución con Tractebel-Suez y la obligación de conexiones
domiciliarias reales se redujo aún más a 15,000 personas, y se
transformaron en no efectivas. SUEZ se enfocó a los Grandes
Clientes y sólo construyo Redes de PE en Zonas de Altos Ingresos
(San Miguel, Surco, etc.). Luego Promigas se enfocó en Zonas de
Bajos Ingresos (Lurigancho) pero con Gastos de Promoción. Aun
asi, sus conexiones reales fueron muy limitadas , entre 25 a 30
mil. En la Adenda del 2010 entre el Gobierno con Calidda se
proyecta alcanzar a 111,000 conectados al GN al 2015. Cifra
ridícula y enmarcada en el bloqueo señalado.
Un impulso nuevo con una nueva empresa en
Calidda, EEB, desde el 2011, ha permitido pasar a nuevas cifras,
aun limitadas. Al 2011 se ha llegado a 50 mil conexiones. Y
ajustando cifras, el nuevo concesionario informa que en Lima se
puede tener 500,000 conectados en 5 años, y llegar a 1,4
millones por el 2021.
Es evidente que el Gobierno 2006-2011 no ha
querido resolver este asunto, con medidas que garanticen el
suministro de Gas. Para la masificación efectiva, es
indispensable el suministro garantizado de Gas natural por 20
años permanentes. Se requiere por lo menos 1 TCF para Lima y 1
TCF para el resto del país. Son los 2 TCF que existen en el lote
88 de Camisea, pero que están desde el 2005 inmovilizados,
secuestrados, en los lotes y en la capacidad de transporte, al
ser garantía bancaria de la exportación. Recuperar los 2 TCF es
requisito indispensable para masificar el Gas.
Se requiere, además, que el Estado
intervenga no solo con facilidades en trámites, sino con apoyo
financiero y con políticas públicas de subsidio cruzado, donde
los usuarios de mayores ingresos dan un adicional que permite
subsidiar a los de menos ingresos. Para Gas Vehicular existe el
fondo del Cofigas, que es crédito que se paga en un plazo largo,
en adecuadas tasas de interés, y como parte del propio precio.
Una fórmula similar debe existir para el gas domiciliario.
Para masificar el GN, una amplia red de
ductos debe cubrir los sistemas norte y sur. Y mientras se
construyen, en forma inmediata debe impulsarse los gasoductos
virtuales para que se lleve el Gas ( GN Comprimido o GN Licuado)
en camiones a gasocentros o a centrales de distribución en
redes.
3. El boom del GLP como combustible
domiciliario y el precio fraudulento.
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es el
único combustible que ha tenido un crecimiento sostenido en el
país en los últimos 18 años (aproximadamente 10% anual), y al
cierre de Abril 2011 ha sido el segundo combustible líquido más
comercializado en el país.
Lima es el mercado principal de GLP, lo que
era claro desde el 2005. De 1993 al 2000, la demanda nacional en
MBDC creció de 7,5 a 13,6. Del 2001 al 2004, creció de 14,1 a
18,1. Con la entrada de Camisea, de 2005 a 2011, da un salto y
pasa de 21,4 a 37,9. Esta demanda se expande nacionalmente, pero
crece fuertemente en Lima ( que incluye Centro y Norte hasta
Trujillo). Esto puede apreciarse comparando las cifras que da a
nivel nacional DHG-Minem con Osinergmin para Lima. Es así que la
demanda nacional de MBDC de GLP crece del 2006 al 2011, en cada
año respectivamente a 23,4 (2006), a 28,6 (2007), a 30,3 (2008),
a 32,6 (2009); a 36,2 (2010) y a 37,9 (2011). De esta demanda de
MBDC de GLP a Lima corresponden para cada año más de la mitad,
respectivamente, 17,2 (2006), 17,7 (2007), 18,11(2008), 18,11
(2009), 20,7 (2010) y 25,6 (2011).
Desde el 2005 se promovió el GLP como el
combustible masivo de los hogares. Para los balones de GLP se
estableció un precio caro, de monopolio, el más caro de
Suramérica. Este precio es un abuso, pues el GLP en Peru es
producido en más del 80 % por Pluspetrol. Lo hace no con
petróleo importado (que cuesta de US$ 90 a 100 barril), sino a
partir de los líquidos asociados al gas de camisea (que a boca
de pozo cuesta el equivalente de menos de US$ 1 dólar). Lo
venden a un precio abusivo a través del cual los hogares
peruanos subsidiamos las ganancias de la empresa productora y
otros de la cadena comercializadora.
El año 2005 fue clave para establecer esta
forma fraudulenta del precio del GLP. Recordemos que ese año,
con Camisea ya en Lima, el Gobierno intensifica el bloqueo a la
masificación del GN en Lima, y se alista un alto precio al GLP
que despegaba en su consumo. Este precio fraudulento se impone
en el “acuerdo” del 30.06.05 de la Comisión de Pro inversión del
Congreso, y con la Resolución Directoral 122-2006-EM/DGH para
determinar los precios del GLP, publicada en El Peruano recién
el 23 de Junio del 2010.
El “acuerdo” de la Comisión del Congreso,
presidida por Del Castillo, no es vinculante ni tiene fuerza
legal, pero dio paso a la RD 122-2006-MEM/DGH. La forma
fraudulenta es muy simple: hicieron pasar el precio del GLP como
paridad de exportación, cuando estaban fijando una formula (FOB
Pisco: “a precio de Mont Belviu”, y “Planta Callao: Mont Belviu
más 64/84 dólares la tonelada”) que era una forma similar a la
Paridad de Importación. Establecieron, además, un circuito en
base a la posición de dominio de Pluspetrol, que controla el 100
% de la producción con gas, y con Repsol tienen el control
principal de las plantas de abastecimiento mayorista.
Es necesario señalar que se usa un marcador
internacional, como referente, no como precio. En el Contrato de
Camisea, se establece que es el Mont Belvieu (considerando
proporciones entre butano y propano), cuando no hay acuerdo
entre las partes. El referente es solo un indicador, que va a la
negociación. Existen varios otros indicadores: flete (marítimo),
seguro, ad-valorem, gastos de importación, almacenamiento y
despacho, gestión comercial. Si es Precio de Paridad de
Exportación, se le debe descontar dichos aspectos. A la inversa,
si es Precio Paridad de Importación, se le debe adicionar dichos
elementos. Si se asume paridad de Exportación, es porque es un
producto elaborado nacionalmente, debiendo descontar del
Referente Mont Belvieu los diversos aspectos. Este es el caso
del GLP en el Perú, que es producido en más del 85 % por
Pluspetrol, usando como insumos los líquidos del gas de camisea.
Con la formula fraudulenta, establecen el precio como si
estuviesen usando Petróleo importado.
Es posible y necesaria la reducción
sustantiva del precio del balón del GLP de 10 K. Hay que partir
de una nueva ecuación de Gas Barato, que debe transformar la
actual fraudulenta, para llegar a mediano plazo al GN como
básico masificado y el GLP como complemento, considerándolo una
necesaria forma complementaria al Gas Natural, pues siempre
existirán áreas en las que no es posible establecer las
conexiones de ductos. En la transición, deben adoptarse medidas
del Estado sobre el IGV y otras, así como que los usuarios de
centrales eléctricas a gas, aporten para promover adecuadamente
la masificación domiciliaria y en el transporte.
Es posible apreciar dos niveles para este
sinceramiento de precios del GLP. En el Primero, reducirlo sin
IGV, ampliando competencia con intervención de Petroperú,
reduciendo márgenes de abuso de posición de dominio en
comercialización, manteniendo diferenciado el subsidio del fondo
de estabilización de combustibles. En el Segundo, establecer una
Negociación con Pluspetrol para que cumpla con el Precio de
Paridad de Exportación, y considerando el real costo nacional de
producción ( de acuerdo a la Contraloría debe ser de US$ 2.44
por Barril de líquidos y no de US$ 6.40 ) y no el precio del
petróleo importado.
EL CALLAO Y LOS PUERTOS A LA
DERIVA
16 de julio de 2011
(Fuente del Prestigioso Diario La
Primera)
Desde mediados del Siglo XX, el Perú tiene
en sus puertos una de las batallas estratégicas como nación, la
que está en su fase culminante a inicios del Siglo XXI. Se trata
del posicionamiento geopolítico del Perú como país puerto en el
Pacífico sur.
Tenemos la potencialidad, para proyectar
nuestra localización estratégica marítima, al ser país
biodiverso, biooceánico, andino amazónico, pluricultural, de
recursos naturales, creciente producción diversificada, y
ancestral base civilizatoria. Podemos forjar la plataforma
logística de valor agregado de SurAmérica en su relación con el
Asia Pacífico. Esta renta estratégica de nuestra ubicación en el
Pacífico sur, solo puede ser conquistada con puertos públicos
modernos que afirmen la soberanía, pues los puertos públicos son
nexo de entrada-salida del flujo que circula en el cuerpo
heterogéneo de la nación.
A julio 2011, no obstante, a puertas del
nuevo Gobierno de Gana Perú, los resultados evidencian que el
gobierno de Alan García con su política de los años 2006-2011,
deja los puertos a la deriva, hipoteca la soberanía, se sumerge
en negocios privados que vician de nulidad sus entregas de Paita
y el Callao, y acrecienta su pretensión de liquidar Enapu y el
sistema portuario nacional.
1.
Los dilemas de la nación: Subordinación geoestratégica vs
soberanía de país-puerto
En Callao y Paita, García ha impuesto
precariamente duopolios o monopolios extranjeros, los que no
traen dinero fresco sino hacen caja, sacrificando la economía y
a los usuarios nacionales. En Callao, incluso se ha entregado
gratis infraestructura, equipos, utilidades y áreas de Enapu. La
empresa pública nacional de los Puertos Públicos, Enapu, está
colocada al borde de la quiebra al perder en el Callao el 85 %
de sus ingresos, y el MTC dice que el nuevo gobierno deberá
subsidiarla para mantenerla entre la operatividad y cierre los
10 puertos públicos en las regiones. El Gobierno saliente deja
cuentas pendientes que deberá pagar el nuevo Gobierno los
próximos años, como US$ 40 MM (millones) anuales a puertos
regionales de Enapu, y US$ 200 MM a pensionistas.
La empresa DPW, concesionaria del muelle
sur del Callao, ha presentado el 1 de Julio 2011 una solicitud
de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), contra el Estado del Perú,
aduciendo competencia desleal, afirmando que se ha subsidiado
activos públicos entregados a APM Terminals en la Concesión del
Terminal Norte del Callao. Reclama una compensación que podría
ser superior a los US$ 200 millones, y que debería desembolsar
el Estado, con el nuevo gobierno.
García canjeó la soberanía nacional por los
negocios particulares. Nos hemos quedado sin puertos
interoceánicos en el Norte (Paita está separada de
Manaos-Brasil) y en el Sur (Matarani está subordinado a Arica, e
Ilo está bloqueado, y ambos no tienen conexión con Puerto
Santos-Brasil). El megapuerto del Callao está entregado a
operadores globales extranjeros en Duopolio, perdiéndose
soberanía. La principal empresa logística portuaria-marítima,
que busca remplazar las funciones portuarias y marítimas que
hacían Enapu, la Compañía Peruana de Vapores y la marina
mercante nacional de PetroPerú, es promovida por García y
afirmada por su Gobierno. Es el grupo Chileno naviero-portuario,
a través de Von Appen, “Andino Investment Holding” (Paita,
transporte marítimo de gas y petróleo, ZAL y almacenes en
Callao, etc), y en dupla con Tramarsa (a cargo de puertos
privados y Tisur-Matarani) del Chileno Claro, al que representa
Romero. Los puertos públicos en las regiones del litoral andan
sin rumbo, y los puertos públicos fluviales de la amazonía están
abandonados.
2. La
privatización del Megapuerto del Callao
Desde el 1 de Julio 2011 se ha entregado el
Terminal Norte del Callao (7 muelles, 11 amarraderos, 120 has,
el monopolio sobre carga suelta de 9 Millones de TM anuales, el
área de la principal Zona Logística del Pacífico Sur, y el
principal muelle de contenedores), a la empresa APM Terminales,
a cambio de efectiva inversión de US$ 350 millones que empezará
a invertir recién dos años después.
APM Terminals ha pasado en un año de
ofertar para el Callao US$ 1,900 millones a la reducida suma de
US$ 350 millones efectivas. El 2008, DPW oferta invertir US$
1,300 millones en el Callao, sin pedir apoyo del Estado y
asumiendo las pensiones. Luego, APM Terminales, oferta para lo
mismo invertir US$ 1,900 millones. Por su parte, el 2010 la
Fundación Valencia Ports, en consulta con la comunidad portuaria
elabora un proyecto integral, público-privado, de US$ 3,200
millones, que es dejado de lado. Alan García el 2011 entrega
Enapu Callao, por una inversión total de US$ 760 millones de los
que son obligatorios solo US$ 350, que se iniciarán dos años
después que APM Terminals haga caja con el control total del
puerto, con las utilidades de S/ 100 millones anuales que ya
generaba Enapu, usando gratis equipos e infraestructura,
valorizados en cerca de US$ 50 millones, y pasando al Estado la
deuda de US$ 200 millones con los pensionistas y los US$ 40
millones anuales para la operatividad de los puertos públicos en
las regiones.
El 1 de Julio, entre el caos y la
improvisación del MTC-APN, y la arbitrariedad de APM Terminals,
ésta tomó posesión de Enapu-Callao. Se precipitaba para imponer
un ilegal hecho consumado al nuevo Gobierno que entra el 28 de
Julio. Al 1 de Julio, no existía plan alguno de manejo del
sistema portuario, ni en el Callao ni en los puertos públicos
regionales. APM Terminal con el MTC asaltaban el software del
funcionamiento portuario diario, que es propiedad de Enapu, y
presionaban para que se lo entreguen gratis. A los trabajadores
de Enapu se les pegaba encima de sus fotochecks los logos de la
nueva empresa y el Gobierno presionaba para que se acojan al
programa de retiro, mientras buscaba neutralizar a los
estibadores con un antiguo sistema de trabajo.
A partir del 1 de Julio 2011, Enapu reduce
sus ingresos en 85 % aproximadamente, dejando de percibir cerca
de S/. 185 MM el presente año, y para el 2012 dejara de percibir
un monto superior, no pudiendo mantener operativos los puertos
públicos a cargo de Enapu: Salaverry, Yurimaguas, Iquitos,
Pucallpa, Huacho, Supe, San Martin-Pisco, Ilo, Arica. La
reducción drástica de ingresos y saldos de Caja de Enapu la
ponen al borde de la quiebra el 2012, afectando a la
operatividad de los servicios públicos portuarios a su cargo, y
quedando en insolvencia ante sus trabajadores y pensionistas,
cuyo fondo disponible se agota en Enapu entre 2012 y 2013. El
Gobierno, el MTC y el Directorio de Enapu, no tienen plan alguno
ante este impacto, en una acción no solo irresponsable sino
ilegal con un activo público y con una deuda pública social, lo
que vicia el contrato. El 13 de Julio, el parlanchín Ministro
MTC señala que el nuevo gobierno deberá subsidiar a Enapu para
que se mantengan operativos los puertos públicos del país, y
asumir la deuda con los pensionistas.
Esta entrega tiene, además, vicios por la
subvaluación de diversos activos tangibles e intangibles de
Enapu, que son del Estado y de todos los peruanos, los que son
entregados gratuitamente, mientras se lleva a la empresa Enapu a
la quiebra. Se incluyen en este vicio de entrega gratis, entre
otros, las Grúas Pórticos, (valorizadas en más de US$ 24
millones), las inversiones de mejora en infraestructuras ( por
más de US$ 10 millones), los Sistemas IT (equipos y sistemas
tecnológicos portuarios propios, de varios millones de US$) la
cartera de clientes, las áreas de gran valor (para zonas
logísticas y otros usos) y las utilidades de una empresa en
marcha (más de S/ 100 millones anuales).
3.
Vicios y Nulidades del Modelo de Contrato de García
Se Hipoteca la soberanía portuaria,
entregando al acreedor financiero permitido, el dominio público
portuario, y la decisión final de la potestad sobre el puerto
público, sin que el Estado pueda objetarlo. Establecen un
Equilibrio Económico Financiero, que se sustenta en incremento
de precios y tarifas a los usuarios y en subsidios del Estado.
Permiten que la Sociedad Concesionaria, con solo “una parte”, no
especificada, de los fondos de financiamiento propios, pueda
iniciar las obras, pudiendo hasta 12 meses después presentar
recién su financiamiento, parte inicial que podría incluso ser
el 1 % del total. En Callao, APM Terminals tiene integración
vertical naviera-portuaria-extraportuaria. Aplica tarifas
integradas a los usuarios y se queda con las utilidades que
escamoteara al 17 % de un “Enapu”, reducido a empresa de papel
en el puerto. Además, se le entrega en monopolio directo, el
movimiento de 9 Millones de Toneladas anuales de carga suelta y
líquidos. Desde el 1 de Julio, por esto, se incrementó, en 33 %
las tarifas por el desembarque de líquidos. Estos precios de
monopolio serán una de las fuentes de sus ingresos que
esquilmarán a los usuarios nacionales. Los primeros 3 años, el
Concesionario estará haciendo caja con la empresa en marcha,
pues en ese lapso se estarán haciendo las obras del nuevo
Terminal de minerales, continuándose esos años la embarcación de
minerales necesariamente por el muelle cinco.
Han invadido en el Contrato las funciones
exclusivas de Ositran, organismo regulador, pretendiendo
desconocer funciones otorgadas por normas de rango legal a los
organismos públicos. Y han afectado las condiciones de seguridad
y defensa nacional de la Marina de Guerra en el Callao, no
resolviendo las objeciones presentadas. Se afectan los derechos
constitucionales y legales de los trabajadores de Enapu,
respecto a su empresa, a su trabajo y a la continuidad en el
trabajo.
4.
Perspectivas de Soberanía
Se ha quebrado la necesaria relación entre
la economía, la población y la nación, al entregarse los puertos
públicos reducidos a zonas de negocios privados, y cercenarse su
perspectiva geopolítica. Se han bloqueado sus potencialidades y
exigencias de los puertos públicos como nodos territoriales y
sistemas multifuncionales, de valor agregado y centros de
plataformas logísticas macro regionales.
Pero la nefasta herencia de García, no ha
podido doblegar al Perú y su vocación de país-puerto. Esta
oportunidad y desafío nacional, no la puede destruir. Sigue
siendo la base para recuperar los puertos públicos y
potenciarlos. La nación y sus espacios macroregionales, con sus
crecientes actividades productivas y plataformas logísticas,
requieren se recuperen los puertos públicos y se los modernice
competitivos. Es urgente y necesario afianzar el sistema
portuario nacional, el rol de Enapu como administrador público
portuario, y convocar la inversión privada en sus diversas
modalidades. Para esto, deben revisarse y reformularse los
contratos llenos de vicios y nulidades. Es uno de los desafíos
de la nueva etapa de cambios.
|
|
LAS HOJAS DE RUTA
Doctor Sinesio López
Jiménez
|
|
07 de enero de 2012
(Fuente: Blog del Autor, http://blog.pucp.edu.pe/blog/sinesio)
La hoja de ruta ha sido
políticamente prostituida. Todos la manosean y la definen como
quieren. El fujimorismo, la Alianza por el Gran Cambio y el Apra
tienen una visión conservadora de ella y la entienden, en lo
esencial, como la continuidad del modelo económico y de las
políticas públicas del 90 en adelante. Valdés y Castilla, los
actuales hombres fuertes del gobierno, le han arrebatado el
horizonte utópico y el filo reformista que ella albergaba. Cada
uno la apoya y exige su cumplimiento de acuerdo a la manera como
la entiende y la define. Como anotó agudamente Carlín en su
momento, a la hoja de ruta se le han caído algunas letras que
fueron sustituidas por otras otorgándole un sentido radicalmente
distinto al primigenio.
Ella surgió como una
adecuación del programa de la gran transformación a la coyuntura
de la segunda vuelta y como expresión de la nueva coalición
social y política con los sectores liberal-democráticos. Gracias
a esa nueva coalición se pudo ganar a Keiko Fujimori y a todos
los poderes que la respaldaron pasando de 32% a casi 52%. Se
consideró con razón que los tiempos políticos no son homogéneos
sino que ellos se modifican de acuerdo a las cambiantes
relaciones de poder que se desarrollan en diversos campos. En la
coyuntura de la segunda vuelta, que era moderada y hasta
conservadora, la exitosa hoja de ruta tuvo un sentido de cambio
y de reforma. Hoy, en cambio, ella tiene un sentido conservador
debido al cambio en las relaciones de fuerza que se ha producido
en el gobierno.
Ello significa que el
sentido político de los acontecimientos y de los programas no
depende sólo del significado que le imprimen los actores sino
también del carácter del contexto (reformista o conservador) en
el que ellos operan. En otras palabras, el contexto resignifica
el sentido político que los actores otorgan a las acciones y a
los programas. ¿En qué momento la hoja de ruta comienza a perder
su horizonte utópico y su filo reformista?. Mi hipótesis es que
esa mutación comienza cuando el presidente Ollanta, presionado
por los poderosos grupos económicos y por la derecha política y
mediática e inducido por “los brasileros”, decide cogobernar con
los representantes (Velarde Y Castilla) del orden neoliberal. En
ese momento se introduce también lo que hoy se llama falta de
cohesión porque fuerzas extrañas a Gana-Perú comienzan a
cogobernar.
El discurso de Valdés
culmina la tarea de reconversión de la hoja de ruta. Con su
triunfo temporal se ha producido una cosa curiosa: Los que
introdujeron la disonancia en el gabinete de Salomón Lerner han
terminado acusando a los autores de la primigenia hoja de ruta
(la izquierda y el centro liberal-democrático) de producir una
falta de cohesión en el gobierno. Este hecho demuestra que son
los triunfadores los que ponen nombre a las cosas y que los
derrotados no tienen derecho a la memoria. Es interesante
comparar los discursos de los dos Primeros Ministros del
gobierno de Ollanta (Lerner y Valdés) para comprender mejor los
sentidos diferentes que tiene la hoja de ruta. El de Salomón
Lerner presentó cuatro horizontes (crecimiento con inclusión en
democracia; igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales
alineadas con los objetivos del milenio; concertación económica
y social en el ámbito nacional, regional y local y reencuentro
histórico con el Perú rural) que señalaban el norte de los
grandes cambios que debía impulsar el gobierno y diez políticas
que buscaban concretarlos.
El discurso del señor
Valdés recoge una vieja propuesta tecnocrática y burocrática que
proviene de la capilla del MEF y olvida los cambios y reformas
de la hoja de ruta original, a la que quita la garra y el punche
necesarios que requiere todo impulso transformador. Para citar
sólo algunas de las muchas ausencias de cambio, es necesario
señalar que la reforma política brilla por su ausencia y que la
necesaria reforma del Estado ha sido achatada y reducida a una
modesta propuesta de modernización de la gestión pública. El
Estado seguirá capturado por los grandes grupos económicos, se
mantendrán las islas de modernidad que le permiten al MEF operar
como si fuera el gobierno, las políticas públicas (la educación,
la salud, la seguridad y la justicia) no llegarán, como siempre,
a todos los peruanos y peruanas por igual y la descentralización
no tendrá el impulso necesario para superar la desigualdad entre
las regiones, el atraso y la desarticulación del territorio.
CARTA DESDE LA SOCIEDAD
CIVIL
31 de Diciembre de 2011
(Fuente: Blog del Autor, http://blog.pucp.edu.pe/blog/sinesio)
No le escribiría esta
carta, señor Presidente, si yo considerara que todo lo que
significó su candidatura a la Presidencia de la República está
irremediablemente perdido. El proyecto de la gran transformación
que nos identifica a todos los nacionalistas e izquierdistas que
luchamos para que Ud. pasara a la segunda vuelta sigue en pie.
La hoja de ruta que amplió las alianzas hacia el centro
liberal-democrático para que Ud. triunfara en la segunda vuelta
y accediera al gobierno es un compromiso serio que hay que
respetar. Algunos ciudadanos que acompañamos al gabinete Lerner
hemos salido del gobierno, pero no hemos abandonado el proyecto
de la gran transformación, al que, por el contrario, vamos a
dotar de músculos y nervios y a darle una vida de masas.
Felizmente la política no
se encapsula en el gobierno ni se enmarca sólo en el Estado.
Estos constituyen su referencia y su objetivo, pero ella se
desarrolla en las conciencias de la gente de a pie, en las
demandas y propuestas ciudadanas, en la sociedad civil, en los
movimientos sociales y en sus representaciones políticas. Estas
serán nuestras permanentes trincheras de combate, desde las
cuales buscaremos enrumbar al gobierno e incidir en sus
decisiones políticas. Espero que Ud. tenga la sensibilidad
democrática y la necesaria disposición de ánimo para acogerlas y
darles un efectivo curso político. Tenemos que evitar otro
desencanto y una nueva frustración de los excluidos y olvidados
de siempre. La alta votación de estos sectores por Ud. en las
dos vueltas electorales mostró que sus esperanzas de cambio eran
tan grandes como sus sufrimientos. Una nueva frustración puede
desatar en ellos iras o escepticismos tan grandes como sus
sueños de justicia.
Formo parte del colectivo
“Los ciudadanos por el cambio” y de los intelectuales que
apoyaron su candidatura cuando ella no despegaba. Escribí varias
columnas en defensa suya cuando García y la derecha, que ahora
lo elogian, lo demolían todos los días utilizando todos los
recursos del poder. De nada de esto me arrepiento. Ser de
izquierda, en un país sin representación política de las clases
populares, es apostar a las fuerzas progresivas y viables
(políticamente) que buscan la justicia y la libertad en cada
etapa de la historia. Mi error y el de mis amigos y compañeros
de la izquierda fue dejar de lado la necesidad de organizar una
fuerza política propia para respaldar mejor su candidatura y
evitar los desvíos del camino escogido.
Tenemos que evitar,
Presidente, que los electores y la democracia sean traicionados
otra vez como en 1990, como en el 2001, como en el 2006, años en
los que terminaron gobernando los que habían perdido. De eso
proviene el descrédito de la política, de los políticos y de la
democracia. Sostengo, por esa razón, que nos faltó la voluntad
política necesaria para hacer valer el triunfo electoral de la
segunda vuelta y organizar un gobierno legítimo sobre esa base.
Se tenía un buen equipo de gobierno –por estudios y por
experiencia- y se ofrecían a todos y a todas las garantías
necesarias para el desarrollo de sus intereses y aspiraciones:
seguridad jurídica, equilibrios macroeconómicos, políticas
fiscal y tributaria responsables para los grupos económicos
poderosos; estabilidad y libertad para las clases medias;
empleo, ingresos dignos y derechos para los trabajadores y
políticas de inclusión para los pobres y muy pobres.
Inducido por “los
brasileros”, a los que se ha dado más importancia de la que
realmente debieran tener, Ud. hizo subir a bordo a los que
habían votado por Keiko Fujimori para que participaran en el
manejo del gobierno. Asustado por los grupos económicos y por la
derecha política y mediática que le decían que si Conga no iba
se corría el riesgo de perder 53 mil millones de inversión
minera y azuzado por los servicios de inteligencia que le
“informaban” que los rojos movían todos los hilos de los
movimientos antimineros, Ud. ha decidido romper con los
electores populares y regionales que lo llevaron al gobierno,
con la izquierda que lo apoyó para pasar a la segunda vuelta y
con Toledo que lo ayudó a ganar la segunda vuelta y ha decidido
refugiarse en el ejército como fuente de su poder.
Eso dice mucho del orden
que Ud. quiere construir en una situación de crisis, pero olvida
un dato fundamental de la política que Hannah Arendt subrayó: la
violencia es el arma, pero el poder es el número. El número es
el conjunto de ciudadanos, la sociedad civil en movimiento y la
fuente legítima de poder con la que Ud. ha decidido
temporalmente romper. Le deseo un buen año 2012, Presidente, y
espero que en el curso del mismo se reencuentre con el pueblo
que lo eligió.
OLLANTA ENTRE EL
TEMOR Y LA ESPERANZA, LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE DEMOCRACIA
CONCERTADA
18 de noviembre de 2011
(Fuente:
Cortesía de Manuel Dammert E. en Facebook)
A cien días de gobierno,
poco es lo que se puede exhibir como gran transformación. Cuatro
cambios son los más importantes: el gravamen a las mineras, la
creación del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), el
incremento del salario mínimo y una política laboral que atiende
las demandas y defiende los intereses de los trabajadores. Lo
que ha cambiado y está cambiando es el humor de los diversos
sectores sociales. Las clases medias y altas han perdido el
temor y han incrementado, por eso, el apoyo a OH. Los sectores
pobres y muy pobres, en cambio, parecen estar perdiendo la
esperanza y han disminuido su respaldo, especialmente en el sur
andino. Eso muestra quizá la impaciencia de los pobres y su poca
capacidad de espera. El accionar del gobierno discurre, sin
embargo, como un lento proceso en el que predomina la
continuidad sobre el cambio. Siguen los mismos funcionarios
políticos de los gobiernos anteriores, muchos de ellos
corruptos, siguen las mismas políticas económicas y sociales y
hay muy poco de la promesa transformadora. La voluntad de cambio
persiste en Ollanta y en el gobierno, sin embargo.
Los compromisos de la
segunda vuelta
¿A qué se debe la lentitud
de los cambios prometidos? La respuesta es compleja y obedece a
varios factores. Las coaliciones sociales y políticas de la
segunda vuelta, la debilidad política de la coalición
triunfante, el acuerdo de una democracia concertada con el
capital para darle gobernabilidad al país y los cambios
estructurales que han polarizado socialmente al Perú constituyen
las principales causas que explican los cambios a cuenta gotas
que, por eso mismo, dejan de tener un impacto político deseado.
El primero tiene que ver con la forma en la que se desarrolló el
proceso electoral en la primera y en la segunda vuelta. Todas
las clases sociales tenían diversas expectativas sobre Ollanta
Humala como candidato y como Presidente. Para el imaginario de
las clases populares y pobres Ollanta expresaba la promesa de la
gran transformación tanto en la primera como en la segunda
vuelta y mantenía esa promesa cuando llegó al gobierno. Para las
clases altas y medias, en cambio, Ollanta era una amenaza a su
estabilidad económica y social y significaba el salto al vacío
en la primera vuelta. Ese sentimiento cambió en la segunda
vuelta (especialmente en las clases medias) gracias al rechazo
al fujimorismo, por un lado, y gracias al respaldo de las
corrientes liberal-democráticas encarnadas por Vargas Llosa y
Toledo. La segunda vuelta se polarizó entre el candidato de Gana
Perú y la de Fuerza 2011, entre la centro-izquierda y la
derecha. Ollanta sufrió un cargamontón del poder económico, de
la derecha política y mediática, de la Iglesia conservadora y
del mismo gobierno de García. La estrechez del triunfo de
Ollanta no puede, sin embargo, ocultar la amplitud y la
profundidad de la derrota de la derecha. Es la segunda vez que
el poder económico pierde democráticamente el gobierno. La
primera vez (1945) que perdió el gobierno lo recuperó con el
golpe de estado de Odría.
El triunfo de la primera
vuelta fue una obra maestra de campaña electoral, por un lado, y
fue también un producto del entrampamiento de las candidaturas
del centro y de la derecha, particularmente de Toledo, PPK y
Castañeda. Triunfaron la corriente nacionalista y la de
izquierda que conformaban Gana-Perú. El triunfo en la segunda
vuelta suponía ampliar la coalición social y política hacia el
centro-derecha, esto es, hacia el liberalismo democrático que
encarnaban Alejandro Toledo y Mario Vargas Llosa. Eso, como es
obvio, exigía morigerar nuestros planteamientos de cambio, lo
que se expresó claramente en la hoja de ruta.
La debilidad de la
fórmula de gobierno (que no fue) de la democracia electoral.
La debilidad de los actores
políticos que impulsan el cambio es notoria. Las corrientes
nacionalistas y las de izquierda, agrupadas en Gana Perú, así
como las de centro-derecha no son fuerzas organizadas ni
institucionalizadas sino que constituyen organizaciones
incipientes y son principalmente corrientes de opinión. La
fuerza electoral proviene del apoyo popular a Ollanta Humala, el
líder de Gana Perú. En segundo lugar, la debilidad de los
movimientos sociales populares que, desde los 90 del siglo
pasado, viven procesos de fragmentación y disgregación de los
que, hasta ahora, no logran salir. En tercer lugar, el peso
creciente de los medios, la mayoría de ellos en manos de la
derecha y la ultraderecha, en el campo de la política es
avasallador. Son ellos los que ponen la agenda pública y los que
catapultan y hunden a los personajes políticos. En cuarto lugar,
la importancia decisiva de los poderes fácticos en la
organización y funcionamiento de los gobiernos y del Estado es
notoria y creciente. Hasta ahora los gobiernos han sido formados
por coaliciones de la cúpula política con los poderes fácticos.
Desde los tiempos del fujimorismo, los ministros de economía no
provienen de los partidos que ganan las elecciones sino de los
organismos financieros internacionales y de los bancos.
A partir de la nueva
coalición social y política que le dio el triunfo electoral en
la segunda vuelta, Ollanta se propuso organizar el gobierno y
administrar el capitalismo ofreciendo reglas de juego claras:
seguridad jurídica, mantenimiento de los equilibrios
macroeconómicos, despliegue de políticas monetaria y fiscal
responsables para los grandes grupos económicos y políticas de
inclusión social para las clases populares y pobres. Se buscaba
establecer una política de coalición de las fuerzas victoriosas
que llevara a cabo el programa de crecimiento con inclusión en
democracia, pero sin la presencia de los representantes del
capital en el gobierno. Eso implicaba el respeto a la voluntad
de los electores (democracia electoral) y al mismo tiempo la
consideración de los intereses empresariales, esto es, la
vigencia de la democracia de coalición. El equipo económico que
encabezaba esta propuesta estaba integrado por Félix Jiménez,
Kurt Burneo y Oscar Dancourt que habían manejado con eficiencia
y responsabilidad los aparatos económicos del Estado en el
gobierno del Presidente Toledo.
Ollanta quería evitar de
ese modo que la democracia sea secuestrada por la derecha y que
ésta lo obligara a gobernar con el programa de los que habían
perdido las elecciones, tal como sucedió desde 1990 en adelante.
Esta fórmula de democracia burlada (y traicionada) ha sido y es
muy común en el Perú y en América Latina en los tiempos del
neoliberalismo. Eso explica que una de las razones más
frecuentes esgrimidas por los electores peruanos y
latinoamericanos para desaprobar a sus gobernantes en las
encuestas sea la del incumplimiento de sus promesas electorales.
El poder económico y la
derecha política y mediática no estaban dispuestos, sin embargo,
a respetar la voluntad de los electores. Ellos exigían más. Los
grupos económicos arrastraban los pies cuando se hablaba de
inversión y mostraban su desconfianza en el probable nuevo
gobierno de coalición (de centro-izquierda) mientras la derecha
mediática azuzaba los cucos y despertaba los miedos del mundo
empresarial. Se negaban a someterse a la autoridad democrática
que había nacido del triunfo electoral de la coalición social y
política que se había organizado en la segunda vuelta. No les
gustaba para nada la fórmula de gobierno de la democracia
electoral. Pretendían otro tipo de democracia en la que ellos
fueran considerados como parte del gobierno sin haber ganado las
elecciones. Querían una democracia concertada con ellos. Y la
coalición triunfante no tenía la fuerza social y política para
hacer respetar su éxito electoral.
La búsqueda de la
gobernabilidad y la democracia concertada.
Finalmente Ollanta dio el
paso decisivo para darle gobernabilidad al país: incorporó al
gobierno a los representantes del mundo empresarial (Velarde en
el BCR y Castilla en el MEF) El poder económico y la derecha
política y mediática lo celebraron, pero querían más: Deseaban a
la izquierda fuera del gobierno y pretendían que Ollanta fuera
un gobernante sin poder para manejarlo a su antojo. Como es
obvio, todas estas concesiones al capital y a sus representantes
significaban y significan una mayor moderación política y una
mayor lentitud en los cambios. Lo peor que podría suceder a la
nueva coalición de gobierno es la degeneración de la democracia
concertada en una democracia trabada o, peor aún, en una
democracia traicionada.
El triunfo electoral abrió
las puertas del gobierno a Ollanta, pero no le otorgó
gobernabilidad. En una democracia el que gana las elecciones
(competitivas e institucionalizadas) recibe la autorización de
los ciudadanos para gobernar. En eso consiste la legitimidad de
origen de las autoridades democráticas. El triunfo electoral,
sin embargo, no le otorgó capacidad de gobernar con eficacia
(gobernabilidad). Para tenerla Ollanta invitó a los
representantes del capital (que apostaron por la candidata
derrotada) a participar en el gobierno. Este hecho se ha
prestado a múltiples lecturas (concesión a la presión, traición,
juego estratégico, realismo político, etc.).
Más allá de las diversas
lecturas de este hecho, hay un dato macizo de la realidad: Los
resultados electorales no expresan siempre las relaciones
económicas, sociológicas y políticas de las fuerzas que existen
efectivamente en el país. Si se quiere tener gobernabilidad es
necesario tener en cuenta también las reales relaciones de poder
en la sociedad, en la economía y en la política, establecer un
equilibrio complejo entre ellas y proponer políticas públicas en
las que todas y todos ganen.
Ante la ausencia de
partidos, la política ha sido copada por los medios, los poderes
fácticos y los políticos sin partido. Si Gana-Perú fuera un
partido bien organizado y con mucha influencia social, podría
contrarrestar esos poderes y sería un sustento sólido del nuevo
gobierno. Si tuviéramos un sistema de partidos, la política
sería más estable y la gobernabilidad estaría relativamente
garantizada. La fuente de poder Ollanta no sólo radica en el
triunfo electoral y en la relación afectiva con las masas sino
también en el hecho macizo que es el comandante general de las
FF.AA. Este es el contrapeso real del poder del capital. El
capital y la coerción se hallan frente a frente, pero no se
confrontan sino que conciertan. Salvo en el de Velasco, en los
otros gobiernos, especialmente en los del 90 en adelante, el
capital y la coerción se ubicaron siempre del mismo lado para
enfrentar a las fuerzas del cambio.
Las correlaciones sociales
constituyen un terreno movedizo y conflictivo. No hay
organizaciones populares sólidas (sindicatos, asociaciones,
sociedad civil), pero existen muchos conflictos de diverso tipo
y un movimientismo desbordante. Si este se organizara e
institucionalizara podría ser más efectivo en sus demandas,
ayudaría a la gobernabilidad y podría constituir un vigoroso
apoyo del nuevo gobierno. El poder económico está
hegemónicamente en manos de los grandes grupos empresariales
(48) nacionales y extranjeros. Su hegemonía se ha visto
fortalecida y legitimada con el crecimiento económico de los
últimos diez años gracias a la demanda de los mercados
internacionales. Lamentablemente no existen sindicatos ni
centrales sindicales que contrapesen el poder de la CONFIEP.
El crecimiento con
inclusión en democracia es la propuesta programática en la que
todos ganan. Ello requiere establecer equilibrios complejos
entre los diversos campos de las relaciones de poder. Esos
equilibrios se mueven entre los dos límites programáticos y
estratégicos extremos que hay que evitar: la máxima ganancia y
la máxima distribución, la amenaza de desinversión y la presión
social y política extrema que la atemoriza. En resumen, la
gobernabilidad no proviene de la fuerza de las instituciones
(partidos, sociedad civil y Estado) ni de condiciones favorables
a la misma (bajo nivel de desigualdad, alto nivel de desarrollo,
etc.), sino de la eficacia, la transparencia y la legitimidad
del gobierno de Ollanta y del juego que establece con los
principales actores del mundo empresarial.
La fragilidad
institucional del Estado.
La fragilidad institucional
se puede percibir mejor en el Estado. Este es pequeño y débil.
Es más pequeño que la sociedad y que el territorio en el que
debiera ejercer su jurisdicción. Hay zonas geográficas,
especialmente las alto-andinas, a las que no llega el Estado. Es
más débil que otros Estados de la región y es débil también para
ejercer la autoridad e imponerla a ciertos grupos sociales que
se colocan fuera de la ley. ¿Qué explica la debilidad del Estado
peruano? Mi hipótesis es que ella obedece a un conjunto de
características que lo definen.
En primer lugar, es un
Estado sometido a la cultura patrimonial. Esta se expresa en
diversas situaciones. Cuando un partido triunfa en las
elecciones cree que ha obtenido el Estado como botín y se
dispone a coparlo con sus militantes apelando al supuesto
derecho que le da el triunfo electoral. Esto es lo que han hecho
los partidos mejor organizados, muy duchos en las lides de
atiborrar al estado con sus clientelas partidarias. Cuando los
ciudadanos gestionan algún tipo de servicios en el estado, lo
primero que los burócratas les hacen sentir es que ellos son
dueños de la función que tienen y que los van a atender, no
porque la ley los obliga, sino porque son buena gente y en
reciprocidad les piden, en el peor de los casos, una coima.
Cuando los grupos económicos buscan atarantar al Presidente para
que nombre a personas de su confianza en los puestos claves del
Estado es igual. Todos ellos se sienten dueños del Estado.
En segundo lugar, es un
Estado que tiene islas de modernidad, pero la mayoría de sus
aparatos, especialmente aquellos que tienen ver con los
servicios y derechos de la población, está anquilosada y
sometida a formas tradicionales de organización y de
funcionamiento. En tercer lugar, nuestro Estado, como la mayoría
de los estados de AL no es democrático. Sus políticas sociales
(educación y salud) no llegan a todos los peruanos y peruanas
por igual. Lo mismo sucede con la ley, la justicia y la
seguridad. En cuarto lugar, el Estado es más criollo que andino
y amazónico. Así nació y así sigue. Lo criollo se ha estirado,
sin embargo, más allá de la costa y lo andino y amazónico se ha
encogido en sus propias regiones, pero el Estado tiene problemas
para acomodarse y expresar a la sociedad pluricultural compleja.
Podría adecuarse sin renunciar a su carácter unitario.
En quinto lugar, El Estado
es limeño. Las otras regiones tienen menos estado con todo lo
que eso implica: menos poder, menos presupuesto, menos
servicios, menos desarrollo. En sexto lugar, el nuestro es un
Estado pobre. ¿Qué se puede hacer con el 14 o 15% de presión
tributaria? Sólo se reproduce en malas condiciones con una
burocracia ineficiente y mal pagada. Con los escasos recursos
que le quedan no puede realizar políticas sociales de calidad
para todos ni puede hacer que la seguridad y la justicia imperen
igualmente para todos. En sétimo lugar, la burocracia es
ineficiente. Perú, a diferencia de otros países de AL (Brasil,
por ejemplo), no concluyó una reforma burocrática profunda (que
Europa tuvo en el siglo XIX). Por eso, nuestra burocracia no es
weberiana: racional, objetiva, impersonal, eficiente. Y,
finalmente, es un Estado corrupto y poco transparente.
¿Qué consecuencias trae la
debilidad del Estado? Varias, pero quiero señalar brevemente
tres. En primer lugar, un estado débil es la principal causa de
la falta de gobernabilidad del país. La capacidad de gobierno y
su desempeño dependen, en gran medida, de la fortaleza
institucional del Estado. Eso no existe en el Perú actual. En
segundo lugar, un estado débil afecta la calidad de la
democracia. Las frecuentes fallas y la baja calidad de la
democracia no dependen tanto de su diseño institucional como de
la debilidad y del carácter antidemocrático del Estado. En
tercer lugar, un estado débil no ayuda al crecimiento y al
desarrollo. Por lo general, el Estado y el desarrollo con
procesos que se acompañan. A más Estado, más desarrollo.
Los cambios
estructurales y sus impactos en la política.
El neoliberalismo ha
debilitado estructuralmente a los sectores populares,
especialmente al trabajo asalariado. El mundo actual del trabajo
es un buen mirador para observar lo que sucede con el
capitalismo neoliberal. En efecto, lo que está pasando en el
mundo del trabajo dice mucho del capitalismo que tenemos delante
en términos del nivel de desarrollo alcanzado, de su escasa
capacidad de integración social, del tipo de capitalismo, de las
estrategias utilizadas para ahorrar costos laborales y para
neutralizar la acción colectiva de los trabajadores, de las
expectativas y frustraciones que genera. El trabajo para el
neoliberalismo, que organiza la producción desde la oferta, ha
dejado de ser un factor de producción para transformarse en un
costo laboral.
Generalmente existe una
relación directa entre el nivel de desarrollo y el tamaño del
trabajo asalariado: A más desarrollo, más porcentaje del trabajo
asalariado y a menos desarrollo, menos trabajo asalariado. Los
países desarrollados, a diferencia de los que no lo son, tienen
un mayor número de trabajadores asalariados tanto en el campo
productivo como en el campo no productivo. Lo que ha pasado en
el capitalismo avanzado es que el trabajo no productivo
asalariado ha crecido más que el productivo. El reducido tamaño
del trabajo asalariado es un buen indicador del bajo nivel de
desarrollo alcanzado por el capitalismo en el Perú.
El abultado porcentaje de
trabajadores independientes revela la poca capacidad de
integración social de la economía de mercado y muestra más bien
sus características de exclusión económica. Estamos frente a un
capitalismo que es intensivo en capital y muy ahorrador de mano
de obra. La gran minería, por ejemplo, sólo absorbe el 2% de la
PEA y de ella el 70% no está en planilla. Producir un empleo en
la gran minería cuesta alrededor de un millón de dólares dada la
alta intensidad de capital que ella utiliza. Esto se expresa en
la mayor velocidad del crecimiento del PBI y el débil
crecimiento del empleo. En los últimos años el país ha crecido
económicamente, pero el empleo no ha crecido en la misma
magnitud y con la misma velocidad y, obviamente, tampoco han
crecido los sueldos y salarios. Los ingresos que percibía el
trabajo en el 2002 bajaron del 25% del PBI al 21.9% en el 2007.
El rasgo más distintivo del
capitalismo actual es, sin embargo, la capacidad que ha tenido
para reestructurar el mundo del trabajo en general, del trabajo
asalariado en particular y de la clase obrera. Esta ha sido
fragmentada y dividida en una serie de situaciones: asalariados,
servicios personales, servicios no personales, trabajadores por
contrato a plazo fijo, services, etc. Lo que motiva esta
fragmentación es probablemente la búsqueda de la disminución de
los costos laborales, por un lado, y el bloqueo de la acción
colectiva de los trabajadores asalariados, por otro. En efecto,
esta fragmentación desarticula los intereses comunes,
diversifica los adversarios y los conflictos, rompe la
comunicación y hace difícil, sino imposible, la construcción de
plataformas comunes de acción colectiva. Todo esto se expresa en
el debilitamiento –en la realidad social y política y en la
conciencia de la gente- de los sindicatos como instrumentos de
defensa de los derechos de los trabajadores.
El crecimiento de los
últimos diez años gracias a la demanda del mercado
internacional, más que el modelo neoliberal mismo, ha generado
importantes cambios que tienen diversos impactos importantes en
la estructura social y en la política. Los grandes grupos
económicos nacionales y extranjeros se han fortalecido. Algunas
empresas, sobre todo las mineras, han recuperado su inversión en
tres o cuatro años gracias a las altas tasas de rentabilidad en
esta época del boom exportador. La pobreza se ha reducido, pero
la desigualdad persiste o se ha incrementado. Han emergido unas
vigorosas clases medias en Lima y en las principales ciudades de
la costa que han amenguado parcialmente la polarización social y
han moderado la radicalidad de la política. El progreso de la
costa y de algunas islas de modernidad en la sierra y en la
selva en medio del estancamiento mayoritario alimenta también la
moderación política.
El juego político de
fondo de los cien primeros días.
El juego político central
se organiza en torno a la política de concertación entre el
Presidente Ollanta y los grandes grupos empresariales para
impulsar el programa de crecimiento con inclusión en democracia.
No es una política de coalición o alianza, como en los gobiernos
anteriores, en la que ambos actores se colocaban en el mismo
lado (pro-empresarial) sino una política de concertación en la
que cada actor mantiene sus intereses específicos –acumulación
creciente por parte de los empresarios y política distributiva
vía impuestos por parte del gobierno- al mismo tiempo que ambas
partes buscan acercar sus intereses diferentes para que todos
ganen: los empresarios, el gobierno y los ciudadanos.
Asociado al juego político
central se desarrolla otro colateral de las fuerzas aliadas: la
confrontación entre la derecha política y mediática, aliada de
los grandes grupos empresariales, por un lado, y el centro
liberal democrático de Toledo y la izquierda, aliadas del
Presidente Humala, por otro. Los aliados mantienen con los
actores centrales (Ollanta y los grandes grupos empresariales)
acuerdos y apoyos básicos sin que eso impida la existencia de
tensiones y las desconfianzas entre los aliados. Estas son
quizás mayores en el campo de la izquierda que en el campo de la
derecha. Los conflictos políticos, algunos de ellos estridentes,
son desplegados, sin embargo, por la derecha política y
mediática contra el centro liberal democrático (Toledo) y contra
la izquierda. La derecha mediática sostiene una guerra sin
cuartel contra los aliados de Ollanta en primer lugar y, en
menor medida, contra Ollanta mismo. Aviva una polarización
suicida que Ollanta rehúye. Busca instaurar una democracia
polarizada que puede generar una parálisis decisoria
(ingobernabilidad) para luego imponer la fórmula de la
democracia traicionada.
La estrategia de la derecha
política y mediática consiste en una especie de juego de
“quítate tú para ponerme yo”. Se trata de desplazar del gobierno
al centro y a la izquierda para cercar a Ollanta, coparlo,
obligarlo a gobernar con el programa de los derrotados y volver
a la “normalidad” de siempre: mantener el establisment y cuidar
la siesta de los ricos. La conducta de la mayoría de los medios
obliga a preguntarse si sus posiciones políticas polarizantes
obedecen a una iniciativa propia, suicida e irresponsable, o
hacen parte de una estrategia de los grandes grupos
empresariales que manejarían una escopeta de dos cañones: con
uno celebran y conciertan con Ollanta y con otro disparan contra
él y contra sus aliados. En general, no hay prensa
desideologizada ni medios independientes. La mayoría de ellos
están estrechamente asociados al poder económico por diversos
mecanismos (publicidad, accionariado, etc.).
Este doble juego político
(central y colateral) se desarrolla en medio de una profunda
crisis internacional que ha dejado de ser escenario para
transformarse en director de orquesta de ese juego. La
profundidad, la amplitud y la duración de esa crisis impactarán
fuertemente en la economía peruana y en la dinámica de los
conflictos políticos que tenderá a agudizarse. Es probable que
las coaliciones y alianzas se debiliten e incluso se rompan, que
la concertación cruja y la polarización política se incremente.
La crisis financiera internacional, tanto la norteamericana que
viene desde el 2008 como la de Europa de fecha más reciente,
golpea fuertemente a las economías latinoamericanas, a unas más
que a otras. El impacto en la economía peruana será
probablemente menor que en el resto de AL gracias a la política
anti-cíclica que ha impulsado el gobierno y a la demanda de
minerales por parte de China. Todo parece indicar que la crisis
económica internacional será profunda y de mediana o larga
duración y que su impacto se sentirá en la disminución del
crecimiento, en la caída de las exportaciones y de la
importaciones, en la reducción de inversión privada, en la fuga
de capitales, en la contracción de los ingresos tributarios, en
la retracción del empleo y en el aumento de la pobreza,
probablemente en dimensiones mayores que en el 2008. En ese
contexto la respuesta del gobierno debiera ser, por un lado,
desarrollar políticas fiscales y monetarias expansivas e
incrementar la presión tributaria para desplegar políticas
agresivas de inclusión social y, por otro, aprovechar la
profunda crisis del capitalismo neoliberal para impulsar el
desarrollo de los mercados internos y construir una economía
nacional de mercado. Los tiempos económicos, sociales y
políticos que se vienen son turbulentos y tempestuosos y
requieren una conducción política al mismo tiempo hábil y audaz
que conduzca la nave del Perú a mejor puerto.
PUCP: EL PROBLEMA DE
FONDO
16 de
Setiembre de 2011
(Fuente: Blog del Autor, http://blog.pucp.edu.pe/blog/sinesio)
La controversia entre el
Cardenal Cipriani y la PUCP no versa sobre un asunto religioso,
aunque tiene una arista religiosa. Tampoco es un problema
principalmente jurídico sobre la propiedad de los bienes de la
PUCP, aunque tiene un lado legal y se desarrolla en ese campo.
No es, desde luego, un problema académico, aunque puede verse
también desde ese ángulo. A mi juicio, el problema de fondo es
político y puede ser resumido con crudeza de la siguiente
manera: Con el pretexto de reivindicar el correcto uso de la
herencia dejada por Riva Agüero a la PUCP, Cipriani pretende
apropiarse de todos los bienes de la PUCP (incluidos los que
ésta adquirió con el producto del trabajo de varias generaciones
que laboraron en ella) con la finalidad de expulsar de sus aulas
a todos los que no piensan como él (incluidos los católicos que
no son conservadores) y llenarlas con las huestes del Opus Dei y
sus socios ultramontanos.
Para lograr este objetivo,
Cipriani hizo un acuerdo bajo la mesa con el ex-presidente
García y con algunos dirigentes apristas con la finalidad
precisa de presionar al Tribunal Constitucional (TC) y de
influir en los jueces que tenían en sus manos el conflicto
legal. El resultado previsible no se dejó esperar. Cipriani
obtuvo un triunfo parcial y parcializado, como lo dije en su
momento. Ahora lo esgrime para sostener que los tribunales le
han dado la razón. Es cierto: Se la han dado sin tenerla, por
presión de García y compañía. El runrún de entonces era que
alguno de los integrantes del TC modificó el sentido de su voto
a cambio de permanecer más tiempo en su puesto. Este es un tema
que amerita una investigación por el actual Congreso de la
República.
Para desgracia de Cipriani,
su candidata favorita perdió las elecciones generales de este
año, el nuevo gobierno mantiene la neutralidad en este conflicto
y se espera que los jueces decidan sin presión de ningún tipo.
En esas condiciones políticas desfavorables, Cipriani acude al
Vaticano y a los órganos eclesiales que tienen que ver con la
educación católica para que le saquen las castañas del fuego.
Estas instancias eclesiales pretenden obligar a la comunidad
universitaria de la PUCP a cambiar la elección de las
autoridades de la PUCP para que Cipriani entre por la puerta
grande. El viernes 23 la Asamblea Universitaria de la PUCP
decidirá en forma democrática si entrega la universidad al Opus
Dei o mantiene una universidad libre y pluralista en la que es
posible combinar la autoridad de la fe con la crítica de la
razón como en la mejor tradición de la escolástica republicana
de Tomás de Aquino.
Cipriani es un político
reaccionario y un decisionista de derecha. El cree que la PUCP
vive una situación de excepción (de caos, de confusión, de
desorden y de influencias demoníacas) y que sólo puede ser
salvada por una decisión política que imponga un nuevo orden
legal, académico y administrativo: el del Opus Dei. Es
fundamentalista pues fusiona la política con la religión. Cuando
habla en RPP cree que está en el púlpito y que su palabra es la
ley. Es un político duro y rudo, apoyado por la ultraderecha
política y mediática. Sus adversarios de la PUCP, en cambio, son
gente bien educada, democrática, de buenos modales, tolerante,
que confía en la justicia y que mantiene el conflicto, a mi
juicio erróneamente, en el ámbito puramente legal.
El Concilio Vaticano II permitió el tránsito de lo que Habermas
ha llamado la publicidad representativa a la publicidad moderna
basada en el diálogo y en “el uso público de la razón” (Kant).
Actualmente la Iglesia Católica ya no debiera tener sólo fieles
(sometidos a la autoridad de la fe) sino una combinación de
públicos y fieles como producto del diálogo entre la razón y la
fe. Me pregunto si ha llegado ya la hora de decirle a Cipriani
lo que el brillante monje Marsilio de Padua le dijo a Papa en
1324 en su famosa obra Defensor Pacis: “Ud. dedíquese a llevar
almas al cielo y deje que la sociedad civil resuelva sus
necesidades materiales mediante la producción y la
distribución”.
Anteriores Artículos, descargar aquí
en
PDF
Eduardo Enrique Cervantes Flores
Director
ecervantesf@aqpcultura.org.pe
|
|
